Obra pública.. 

Comienza el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner

Este lunes comienza el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se conoce como el direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez.

Sin la actual vicepresidenta, se espera que en los alegatos exponga la Unidad de Información Financiera y luego la fiscalía, para finalmente hacerlo cada una de las defensas. La investigación se centra en el supuesto direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.

La causa tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita. La audiencia comenzará a las 9.30 de este lunes, con la exposición de la Unidad de información financiera, que es querellante en el proceso, que contará con tres jornadas, lunes, miércoles y viernes de esta semana.

El fiscal Diego Luciani solicitó 9 audiencias para su alegato y será el segundo exponente, para finalmente llegar el turno de las defensas de los 13 imputados porla obra pública, entre los que se encuentra la vicepresidenta. Los jueces del tribunal son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

JUICIO A CRISTINA FERNÁNDEZ POR LA OBRA PÚBLICA EN SANTA CRUZ

Las causas

El 21 de mayo de 2019 el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gabinete como también el empresario Lázaro Báez por presuntas irregularidades en 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas al Grupo Austral Construcciones por 46 mil millones de pesos.

Cristina Fernández y Lázaro Báez
Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez a juicio por la obra pública

Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez a juicio por la obra pública

Son juzgados también el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, solicitaron la elevación a juicio de la causa, al dar por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.

La Fiscalía aclaró en un documento, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

En junio pasado la Corte Suprema rechazó los planteos de la vicepresidenta para anular el debate oral, al entender que el recurso extraordinario federal deducido era inadmisible ya que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Detallaron los jueces que “no logra advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones cuando, como se dijo, dicho agravio podrá, eventualmente y de corresponder, disiparse en oportunidades futuras. En otras palabras, no se advierte que la intervención anticipada de este Tribunal perseguida por la defensa tenga otro objeto que revisar decisiones que afectan intereses particulares”.

La Corte resolvió tres planteos del abogado de la vicepresidenta Alberto Beraldi: uno porque el Tribunal Oral no aceptó toda la prueba que propuso la defensa, el otro por la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal, y el último porque entendía que el caso ya había sido investigado y cerrado por la justicia de Santa Cruz.

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