Este lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) adelantó que solicitará la absolución de todos los acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, al señalar que no existe "certeza suficiente" para asegurar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita, en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
"No se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas", argumentó el abogado de la UIF Leandro Ventura, al desechar una acusación por los delitos de defraudación y asociación ilícita. Lo manifestó al comienzo de los alegatos finales del debate donde se están juzgando a 13 acusados, entre ellos la por entonces presidenta de la Nación.
Los letrados que representan al organismo, que es querellante en el caso, comenzaron su exposición ante el Tribunal Oral Federal 2 indicando que la UIF tuvo que haber desistido de su rol acusador en la causa que asumió la administración anterior en 2017, ya que no se investiga "lavado de activos". La UIF indicó que existe un "estado de duda insuperable", por lo cual adelantó que solicitará la "absolución de todos los acusados respecto al tipo penal de administración fraudulenta".
Al no poder "acreditarse la existencia de un fraude", la querella puso en duda otro de los delitos que tienen lugar en el juicio: la asociación ilícita. "Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal", añadió el organismo. A su vez, pidió descartar una pericia considerada "clave" sobre las obras señaladas por "inconsistencias y falta de claridad". La querella comunicó que sólo dio por probados en algunos casos el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La vicepresidenta estuvo siguiendo todo de manera remota, conectada al Zoom del Tribunal Oral Federal 2. Allí estuvo atenta al comienzo del alegato de la UIF, al igual que otros acusados como el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obra Pública José López.
Desde la sede de Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF2 abrió la primera audiencia de alegatos a las 9.30, después de comprobar que los 13 acusados estuvieran conectados con cámaras prendidas al juicio que, a raíz de la pandemia, se lleva adelante virtualmente desde agosto de 2020. El Tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En el juicio se debate si el acusado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos. Además de la vicepresidenta, Báez, De Vido y José López, otro de los acusados por supuesta asociación ilícita y defraudación es el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Siguiendo la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
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