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La Oficina Anticorrupción, que es querellante en la causa contra José López en la causa por enriquecimiento ilícito, solicitó hoy que el ex secretario de Obras Públicas no viaje este miércoles a Jujuy. El ex funcionario debe presentarse ante la Justicia jujeña para ser notificado de una nueva imputación, en una causa por el presunto desvío de fondos que fueron girados a la organización Tupac Amaru.
La titular de la OA Laura Alonso y un investigador de ese organismo de control redactaron un escrito dirigido al juez federal Daniel Rafecas -quien ordenó la detención de López en junio pasado y autorizó el traslado a Jujuy- para que reconsidere su posición. Le recomendaron que evalúe otras alternativas para evitar que el ex funcionario sea trasladado 1.500 kilómetros desde el penal de Ezeiza hasta San Salvador de Jujuy.
"Nos permitimos recomendar el uso de tecnologías modernas como la videoconferencia, que cumple acabadamente con los fines procesales necesarios y que actualmente son ampliamente utilizados sin afectar derecho alguno", señaló la OA.
Agregó que otra opción sería "el traslado de las autoridades requirentes de Jujuy a esta Capital Federal, que sería de un insumo mucho menor al requerido para el traslado del imputado López, el cual, según los medios masivos de comunicación será de gran importancia".
Causa y autorización a viajar
El viernes pasado Rafecas firmó la autorización para que López sea trasladado a Jujuy en un escrito en el que señaló que "en el traslado y permanencia de José López en la provincia de Jujuy se deberán extremar los recaudos para salvaguardar su integridad física y evitar una posible fuga".
La Justicia de Jujuy pidió que López se presente el miércoles, a las 11, en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. Rafecas señaló que "una vez concluido el acto procesal deberá ser reintegrado de inmediato a su lugar de alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal I", ubicado en Ezeiza.
La solicitud para que López viaje surgió del fiscal de Investigación Penal de San Salvador de Jujuy, Gustavo Araya, quien tiene delegada la investigación por la supuesta malversación de fondos que fueron girados a la Tupac Amaru, de Milagro Sala, para la construcción de viviendas sociales.
En esa "megacausa", como bautizaron al expediente en Jujuy, se determinó que, de un programa federal que estipulaba la construcción de 8000 viviendas, hubo 2000 que no se hicieron. Según señaló el fiscal jujeño, se calcula un fraude cercano a $ 800 millones. Para la Justicia, López era el máximo responsable en esa cadena de custodia del dinero.
Fuente: La Nación
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