El Gobierno resolvió subir de 10 a 100 pesos el monto mínimo para pagar con tarjeta de débito en todos los comercios del país. Además de esta medida, habilitó nuevos medios de pago electrónico para operaciones con consumidores finales, tales como el uso de códigos QR o billetera electrónica.

Esos dispositivos deberán admitir el cobro mediante todas las tarjetas de débito de las redes a las que estén adheridas las entidades financieras, o sea que todas las tarjetas deberán ser aceptadas. La resolución aclara que los comercios deberán aceptar todos los medios de pago “excepto cuando el importe de la operación sea inferior a 100 pesos”, cuando el piso era de 10 pesos.

Según dijeron desde la AFIP, la medida no es obligatoria y los comercios que quieran cobrar menos de cien pesos, podrán hacerlo, y basamentaron la suba del piso en la inflación. Más allá de las explicaciones, las asociaciones de consumidores rechazaron la medida, al argumentar que el manejo del efectivo puede tornarse peligroso.

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Mediante el decreto 933/2018 del Ministerio de Economía, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso que el dispositivo que se utilice para capturar la transacción -POS, MPOS, PIN PAD u otro método que permita realizarla- sea solicitado por el contribuyente obligado. Y que éste, además, lo registre a su nombre y declare, para la acreditación de los fondos, un número de Clave Bancaria Uniforme (CBU) o "alias".

El administrador federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, destacó que “la modificación del decreto 858 de 2016 es un paso muy importante, que dará a los comerciantes más herramientas para cumplir con la obligación de ofrecer medios de pago electrónicos y más opciones para el contribuyente”.

Desde el primero de abril de este año es obligatorio que todos los locales comerciales dispongan de posnet para realizar cobranzas con tarjetas de débito y crédito, algo que en Jujuy no ocurre, ya que algunos negocios todavía no poseen ese medio de pago. AFIP estableció incluso multas que van desde los $300 a los $300.000 pesos para quienes incumplan con dicha normativa, pero la falta de controles hace que la medida no se cumpla.

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