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SUSCRIBITE Los diputados determinarán si siguen buscando consenso en el mercado inmobiliario o comienzan a debatir las reformas que impulsarán a la ley de alquileres.
Este miércoles, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados finalizó la ronda de consultas respecto a la reforma de la ley de alquileres con la presentación de unos cuarenta expositores. Los diputados empezarán a analizar la próxima semana eventuales cambios en dicha norma, después de escuchar las posiciones manifestadas por los representantes de los inquilinos y de los corredores inmobiliarios.
Las rondas de consultas fueron conducidas por Cecilia Moreau, la vicepresidenta Carla Carrizo y Karina Banfi (JXC). A lo largo de las exposiciones, las diferencias fueron notorias entre las entidades de defensa de los inquilinos que manifestaron un profundo rechazo a efectuar cualquier modificación, y las inmobiliarios que solicitaron modificar la ley para reducir de 3 a 2 años los contratos y que la actualización se haga semestral en lugar de anual como es en la actualidad.
En este marco, los diputados deberán determinar si continúan buscando consenso entre las partes del mercado inmobiliario o comienzan a debatir las reformas que impulsarán a la ley de alquileres. "Creo que ya podemos empezar la semana próxima con el debate del dictamen", adelantó Moreau en el comienzo de la reunión.
Uno de los que dejó en claro su contundente rechazo a reformar la ley fue el titular de la Federación de Inquilinos Nacional fue Gervasio Muñoz, quien se quejó de que los legisladores ahora quieran reformar la ley aprobada hace dos años por "la presión de las inmobiliarias" y se preguntó "en manos de quienes estamos".
Muñoz indicó que "es preocupante que se haya fijado un plan tan corto para analizar una reforma que involucra a 9 millones de inquilinos" y sostuvo que desde la Federación de Inquilinos "no se quiere cambiar la ley ni que se modifiquen los tres años de contrato ni la actualización anual".
"Nosotros esperamos de corazón que entiendan que queremos alquilar en forma justa, no podemos depender de los intermediarios y por eso esperamos el rol del Estado ya que sabemos que nos enfrentamos con un poder desigual", añadió.
Desde la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti pidió reformar siete artículos de la norma sancionada hace dos años porque "ha fracasado" ya que cuando interviene el Estado se "termina volviendo en contra de los inquilinos".
También se manifestó a favor de "motorizar fundamentalmente la industria de la construcción, que es la madre de todas las industrias".
A su vez, Lucía Cavallero, integrante de Ni Una Menos, sostuvo que "hay una relación desigual de poder" al considerar que "el punto de partida no puede ser pensar en que hay un interés común: nos encontramos en caso donde inquilinas nos vienen a comentar situación de chantaje" y alertó que "el precio de alquileres se ha transformado en una fuente de endeudamiento".
Además, el representante de Unidos por la Profesión, Federico López Castromil puntualizó que "se está ante una oportunidad histórica, el país entero está mirando con atención, argentinos y argentinas están esperando una solución integral para mejorar la realidad de sus contratos de alquiler”.
Por otro lado, la representante de la Campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, Mercedes Meier, comentó que "no se puede culpar la Ley de alquileres por los aumentos desmedidos, ya que acá hay grupos concentrados que se creen dueños de todo que imponen esas condiciones; y los legisladores y legisladoras nacionales tendrán que definir a quienes defienden".
Cecilia Pereyra, de Inquilinos por Quilmes, defendió la ley sancionada hace dos años y afirmó: "No tienen idea lo que es repensarse cada dos años dónde iremos a parar, si es que juntamos la cantidad de guita que nos piden para renovar un contrato o buscar otra vivienda, cosa que para los trabajadores es complicado”.
Durante la reunión también expusieron sus posturas María Florencia Agüero Birocco, presidenta del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) ; Ana Rebeca Ancina, del Sindicato de Inquilines trabajadores de Chubut CTA Autónoma; y Cintia Barenboim, investigadora del Conicet y docente UNR y UAI.
También lo hicieron, entre otros, Andrea Bernal, Coordinadora de abogados y abogadas de interés publico; Alejandro Bustamante, presidente de la Cámara de Propietarios de Jujuy; Jorge Cialiciotti, del Consejo académico universidad Blas Pascal - director Escuela de negocios inmobiliarios argentina; y Emmanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos de Rosario.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben aplicar a la Ley sancionada en 2020 ante la disminución de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.
La Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y transformada en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
Pero, a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó numerosas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad, y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
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