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SUSCRIBITE Transporte público de pasajeros en San Salvador de Jujuy
Los subsidios son una “Compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y el precio de los boletos” y comenzaron a aplicarse en el año 2002, a partir del congelamiento de las tarifas dispuesto por el entonces presidente Eduardo Duhalde (Partido Justicialista).
Los paros que se vienen realizando en el país, están sujetos a la desactualización de los subsidios del gobierno nacional. Las empresas de transporte se ven con dificultades para hacer frente al incremento de sueldos y reclamó rediscutir los ingresos del sector. A este reclamo se sumó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), afirmando que nación mantiene desactualizada la estructura de costos con la que calcula los subsidios, y considera necesario rediscutir los ingresos.
El año 2022 es el último periodo con información completa con los fondos que el Estado nacional destina a las empresas de transporte. El Gobierno Nacional destina a este sector un total de $235 mil millones, el 78,2% se destina a las empresas del AMBA, mientras que el 21,8% fue para el interior del país.
El objetivo del Gobierno nacional mediante el subsidio del transporte, es otorgar a las empresas de forma mensual, una determinada suma de dinero, en compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y el precio de los boletos. Estos subsidios se determinan según los costos operativos de las empresas:
El subsidio a la demanda consistiría en descontarles directamente a los usuarios -a través del costo del boleto-, la diferencia entre el costo real del transporte y la tarifa subsidiada. Originalmente, el reparto de los subsidios se realizaba a partir de las declaraciones juradas presentadas por las empresas, que le comunicaban al Estado la cantidad de usuarios transportados.
Desde 2015, se comenzó a utilizar información de la tarjeta SUBE para definir con mayor exactitud la cantidad de personas que utilizan el servicio. Así el Gobierno calcula los costos operativos de las empresas y lo descuenta de la recaudación obtenida por la venta de pasajes.
El sistema divide a las empresas por región en 7 grupos:
Cada una de estas divisiones cuenta con una estructura diferente de costos, que es actualizada por el Estado de forma periódica. Para calcular los ingresos de las empresas, en tanto, el Gobierno toma en cuenta los datos de la SUBE y define cuántos pasajeros son transportados en cada región, la recaudación por la venta de boletos y los kilómetros recorridos, entre otras variables.
Una vez calculados los costos y los ingresos, se define qué compensación le corresponde a cada región. Y luego esos fondos se reparten entre las compañías de acuerdo a la cantidad de empleados que posea cada una.
En los sectores del país donde no cuentan con los datos de la SUBE, el reparto económico se sigue realizando a través de las declaraciones juradas de las empresas (como hasta 2015), que informan:
Según datos extraoficiales, el sistema de transporte del interior que, no utiliza la SUBE, involucra unas 14 mil unidades, un volumen similar al del AMBA.
El conflicto del transporte público y masivo de pasajeros está relacionado a una diferencia en los cálculos costos operativos del servicio entre las empresas y el Gobierno.
El Gobierno realiza actualizaciones a través de resoluciones periódicas, los empresarios sostienen que los cálculos se hacen con valores atrasados y eso implica una pérdida en sus ingresos.
Según La Resolución 178/23 del Ministerio de Transporte de la Nación, la inversión en el mes de Julio 2023, el Gobierno cubrió el 85,8% del total de gastos de las empresas de transporte. Es decir, del total de gastos de las empresas ($53.319 millones), el 85,8% lo cubre el Gobierno y el 14,2% se cubre con la recaudación por la venta de boletos:
Sin embargo, las empresas del sector aseguraron que los costos no estaban actualizados y que, por ende, recibían menos dinero del que les correspondería para poder sostener el servicio.
Según estimaciones de la AAETA, el costo real del boleto promedio es de $ 329,13 en julio, y el Estado sólo les otorga $ 170,25, el 51% del total. De acuerdo con este cálculo, en julio el costo operativo de las empresas de jurisdicción nacional fue de $ 84.834 millones, y el Estado le transfirió $ 51.855 millones (una pérdida de $ 32.979 millones).
Finalmente, tras un nuevo encuentro entre representantes del Ministerio de Transporte, las cámaras empresarias, el Gobierno actualizó el 24 de julio último la estructura de costos y el monto de los subsidios desde abril y hasta agosto de 2023. También se ratificó la escala salarial acordada antes del paro.
Con los cambios, en julio el Gobierno le reconoció a las empresas un incremento del 29,3% en los costos, y elevó el valor promedio del pasaje a $274,5 (más cercano a lo que pretendían las compañías). De este modo, el monto total de subsidios aumentó en casi $15 mil millones (31,5%) con la actualización, y el porcentaje del boleto que cubre el Estado se incrementó al 87,3%.
Es decir que, el ultimo acuerdo asegura a las empresas de transporte, una cobertura de gastos que, lleva el porcentaje de subsidios de 85,8% a 87,3%. hasta agosto de 2023.
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