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SUSCRIBITE Consideró que “el Poder Judicial argentino se debe una autocrítica con respecto al rol que jugó durante los años del terrorismo de Estado". La propuesta fue trabajar con varios académicos del derecho para abordar el rol que el Poder Judicial jugó durante la dictadura. "Creo que es un abordaje que falta y que resulta necesario de cara al futuro”, señaló Bohoslavsky en diálogo con Télam.
El libro analiza las tramas de encubrimiento que desde los tribunales se perpetraron durante el ejercicio de la represión ilegal como las dificultades que se plantean en la actualidad para investigar la participación de funcionarios judiciales en los delitos de lesa humanidad.
“En la actualidad tenemos casi 130 funcionarios de la justicia que han sido involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad, pero hasta el momento tenemos una sola condena firme: la del juez federal Víctor Brusa”, apuntó.
Para Bohoslavsky, actualmente relator de la ONU sobre los efectos que los procesos de endeudamiento de los países generan en los Derechos Humanos, “muchos jueces son aún reacios a investigar las complicidades de la Justicia con los delitos de lesa humanidad”.
“En los años de la dictadura hubo una parte que fue activa a la hora de colaborar con el régimen militar por una cuestión de simpatía ideológica, y otra que por desidia o miedo dejó hacer”, esos fueron los cómplices banales”, subrayó el autor.
Sin embargo, destacó que “hubo jueces y fiscales, que lamentablemente fueron los menos, que cumplieron su labor y pagaron un alto costo por cumplir con su deber”.
“En tiempos del terrorismo de Estado se presentaron 5400 recursos de hábeas corpus rechazados por la justicia y cada uno de ellos expresa una tragedia familiar. Hubo casos en los cuales se denegó el trámite imponiendo costas a los solicitantes”, observó.
El catedrático considera que ante esta realidad, el sistema judicial argentino se debe una profunda autocrítica y debe realizar una investigación para determinar la verdad en cuanto a sus complicidades con el terrorismo estatal.
“Me parece que la Corte Suprema debería emitir una declaración pidiendo perdón por el rol que jugó la justicia en la dictadura, como sucedió en Chile en 2003. Además, se debería crear una Comisión de la Verdad para analizar el pasado reciente del Poder Judicial”, observó.
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