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SUSCRIBITEEs por la novela Mamá Corazón. La fiscalía pidió prisión para Andrea del Boca, Julio De Vido y Carlos Ruta, y la devolución de 3,1 millones de dólares.
Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca.
La actriz Andrea del Boca enfrenta un pedido de condena de tres años y medio de prisión por el supuesto fraude millonario relacionado con los fondos estatales destinados a la telenovela Mamá Corazón, cuya producción nunca llegó a completarse.
La fiscal federal Fabiana León requirió esta pena durante el juicio oral y público que tramita el Tribunal Oral Federal N° 7, al considerarla como “partícipe necesaria” de un presunto engaño dirigido contra la administración pública.
El alegato de la fiscal también apuntó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien consideró responsable principal del presunto fraude, y solicitó para él cuatro años y medio de prisión junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, pidió cuatro años de cárcel para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, también señalado como “partícipe necesario” de la maniobra de defraudación.
La acusación incluyó a otros implicados en la misma causa: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM, y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. Para todos ellos, la fiscal solicitó condenas y la devolución solidaria al Estado de 3.126.000 dólares.
La investigación se centra en un presunto esquema de financiamiento irregular implementado a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la producción de la telenovela Mamá Corazón. Según la acusación, se habría tratado de un mecanismo de triangulación que evitó concursos o comparaciones de precios, mediante el cual la productora de Andrea del Boca no solo obtuvo importantes sumas de dinero público, sino que además conservó la exclusividad para la distribución internacional de la serie.
La fiscal León subrayó que este esquema incumplió las normas vigentes y buscaba beneficiar a la productora de Andrea del Boca, A+A Group. Entre las irregularidades, señaló que el contrato se otorgó de forma directa, incluyendo cláusulas consideradas “arbitrarias y leoninas”, que garantizaban a la empresa la exclusividad de la distribución internacional por 60 meses, con posibilidad de extenderse otros 60, a pesar de que la producción había sido financiada en su totalidad con fondos estatales.
El caso se conoció en 2016 tras una investigación periodística, que reveló que la productora de Del Boca habría recibido más de 24 millones de pesos mediante convenios firmados entre el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y la UNSAM.
En 2018, el juez federal Sebastián Ramos dictó el procesamiento de Julio De Vido como autor del presunto delito de defraudación, mientras que Andrea del Boca y Carlos Ruta fueron considerados “partícipes necesarios”. La resolución incluyó embargos millonarios: 60 millones de pesos para De Vido, 50 millones para la actriz y 60 millones para el exrector de la UNSAM.
Ramos afirmó que la maniobra “se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”, y que la decisión obedeció a “una voluntad predominantemente política, adoptada antes de formalizar el trámite de los expedientes”.
La telenovela Mamá Corazón nunca llegó a salir al aire. A pesar de ello, la productora de Andrea del Boca habría percibido el 76% del monto total del contrato, mientras que otras producciones bajo los mismos convenios apenas habrían recibido alrededor del 7%.
En conjunto, la serie tenía un presupuesto estimado de 36,58 millones de pesos, con un 10% de beneficio adicional para la productora, además de la exclusividad en la comercialización internacional.
El contrato quedó suspendido tras el cambio de administración en 2015, cuando la gestión de Mauricio Macri decidió interrumpir el financiamiento estatal.
La Cámara Federal ratificó posteriormente los procesamientos y embargos ordenados por Ramos. Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia destacaron que lo cuestionable no era el convenio con la UNSAM en sí, sino la “desviación de su propósito original y su uso para eludir controles con el fin de desviar fondos públicos”.
Desde el inicio del proceso, la defensa de Andrea del Boca sostuvo que no existió delito, asegurando que no hubo sobreprecios ni perjuicio económico. Tras la presentación del alegato de la fiscal, será ahora el Tribunal Oral Federal N° 7 quien tenga a su cargo la sentencia definitiva.
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