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SUSCRIBITERamiro González pidió el juicio contra el expresidente Alberto Fernández, mientras que Fabiola Yañez reclamó una condena de 12 años.
La acusación fue ratificada por la Cámara Federal de Buenos Aires en abril.
El fiscal Ramiro González solicitó que el expresidente Alberto Fernández sea llevado a juicio oral en el marco de la causa por violencia de género contra su ex pareja, la ex primera dama Fabiola Yañez. El planteo fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini.
Allí, se sostiene que la investigación ya está cerrada y que corresponde que el exmandatario comparezca ante el tribunal como acusado por delitos que, en conjunto, podrían acarrear una pena de entre 3 y 18 años de prisión. El expresidente enfrenta un proceso judicial por dos episodios de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos agravados por la relación de pareja y en el marco de violencia de género, abuso de autoridad y amenazas coercitivas.
Además, se le imputan cargos por coaccionar a Yañez para impedir que presentara denuncias. Según la fiscalía, los incidentes habrían ocurrido desde al menos 2016 y continuaron incluso después de que el expresidente abandonara la Casa Rosada.
La acusación, ratificada por la Cámara Federal de Buenos Aires en abril, sostiene que Fernández ejerció de manera constante violencia psicológica sobre Yáñez, mediante acosos, hostigamientos, controles, insultos, descalificaciones y actitudes hostiles. El fiscal resaltó que el imputado se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente, y que los episodios de agresión se produjeron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.
Entre las pruebas, el expediente contiene imágenes difundidas en 2023 que muestran lesiones en el brazo y el ojo derecho de la entonces primera dama. Estas fotografías, enviadas por Yáñez a través de WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación judicial. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.
En el requerimiento, que abarca 180 páginas, se incorporaron también mensajes obtenidos de manera forense tanto del teléfono de Yáñez como de otros dispositivos vinculados al expresidente. Estas conversaciones, clasificadas en la causa bajo etiquetas como “terrorismo psicológico” o “reconoce violencia”, incluyen discusiones, reproches y conductas de control que, según la fiscalía, reflejan un patrón continuo de maltrato.
Por su parte, la querella que representa a Yáñez adelantó que no aceptará ni suspensiones del juicio a prueba ni acuerdos económicos, y que exigirá que el proceso se desarrolle en un debate oral y público. En su denuncia, la ex primera dama solicitó una condena de 12 años de cárcel.
El fiscal González recordó que las coacciones involucraron amenazas relacionadas con la manutención y la custodia del hijo en común, Francisco, lo que habría llevado a Yáñez a no presentar la denuncia antes. “Se trató de una investigación compleja que la defensa intentó demorar”, afirmó. Por su parte, el juez Ercolini, en decisiones previas, instó a Fernández a no postergar el inicio del juicio.
A lo largo del año que duró la investigación, se tomaron declaraciones a médicos de la Presidencia, personal de la Quinta de Olivos, familiares y allegados de Yáñez, así como a su esteticista. Además, se analizaron historias clínicas, registros de entrada y salida de Olivos, material audiovisual y comunicaciones telefónicas desde 2016.
Según la fiscalía, el caso debe ser considerado dentro del marco de los derechos humanos de las mujeres, lo que requiere —aseguró González— un análisis libre de prejuicios o estereotipos que puedan desviar la atención de las responsabilidades del agresor.
“Este marco obliga, por mandato legal y constitucional, a interpretar la prueba considerando contextos particulares, especialmente los ámbitos privados donde se produce la violencia contra las mujeres”, explicó González.
Con la investigación finalizada, el destino judicial de Fernández dependerá ahora de un tribunal oral, que deberá establecer la fecha del debate. De prosperar la solicitud de la fiscalía, se convertiría en el primer expresidente argentino en enfrentar un juicio por violencia de género.
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