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SUSCRIBITEEs la causa “la camarita”, derivada del expediente principal y enfocada en los sobornos en la obra pública civil desde la Cámara de la Construcción.
Las otras 164 coimas que le leerán a Cristina en el juicio.
El expediente conocido como “La camarita” forma parte de las investigaciones derivadas del caso Cuadernos de las coimas, donde se acusa a Cristina Kirchner de haber recibido más de un centenar de pagos ilegales. Estos sobornos habrían sido entregados por empresarios vinculados a la Cámara Argentina de la Construcción, presidida en ese momento por Carlos Wagner.
Una vez más, la obra pública aparece como eje central de las imputaciones por corrupción contra la exmandataria. De las 126 personas investigadas, 51 resultaron procesadas en este tramo que expone el sistema de sobornos organizado desde la Cámara de la Construcción.
La Causa Cuadernos se originó en 2018.
La justicia federal logró reconstruir ese entramado gracias a confesiones decisivas, entre ellas las de Wagner, el financista Ernesto Clarens, el exsecretario de Obras Públicas José López y varios empresarios que reconocieron haber efectuado los pagos ilegales.
En la primera jornada del juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7), se dio lectura a los primeros 40 hechos de cohecho pasivo atribuidos a Cristina Kirchner, es decir, presuntos cobros de sobornos. Según informó Clarín, esos episodios representan más de 10,4 millones de dólares. Aún resta avanzar con la lectura de otras 164 operaciones de coimas incluidas en la acusación, donde además se le imputa el rol de jefa de una asociación ilícita, la figura más grave del expediente.
El caso, identificado como expediente 13816/2018, concentra el registro más extenso de sobornos que, de acuerdo con la investigación preliminar, Cristina Kirchner habría recibido de manera indirecta. El documento que solicitó la elevación a juicio de esta parte del proceso cuenta con 420 páginas y la declaración de diez imputados colaboradores.
El expediente fue iniciado el 22 de agosto de 2018 como una derivación del caso principal, cuyo pedido de elevación a juicio comenzó a leerse el jueves pasado.
Según la acusación fiscal, la apertura de esta nueva causa respondió a la detección de indicios que demostraban que la asociación ilícita también operaba en áreas específicas como la obra pública civil, la energía y el transporte. Por esa razón, se resolvió crear un proceso paralelo enfocado en el sector de la construcción civil.
Las declaraciones de los arrepentidos fueron clave para recomponer el esquema de corrupción que se habría desarrollado a través de las empresas agrupadas en la Cámara de la Construcción, un sistema “implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector”, de acuerdo con el expediente judicial.
La investigación estableció que se efectuaban pagos adelantados a funcionarios públicos mediante la intermediación del financista Ernesto Clarens, quien canalizaba sumas equivalentes a entre el 3% y el 20% del monto total de cada contrato, o bien cantidades específicas vinculadas con los certificados de obra ejecutada.
El Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la causa Cuadernos
Este mecanismo fue detallado ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio —ya fallecido— por José López, ex secretario de Obras Públicas; Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y el propio Clarens, considerado una pieza clave en el circuito financiero del caso.
¿Qué declaró López? En su testimonio como colaborador arrepentido, explicó que su función consistía en supervisar las obras dependientes de Vialidad Nacional. Según relató, el anticipo financiero solía representar un 10% del contrato, y de ese monto se destinaba alrededor de un 5% como retorno ilegal. En los casos donde no existía adelanto financiero, la devolución era de aproximadamente un 3%, calculada sobre los certificados de obra.
López afirmó que Julio De Vido le daba las indicaciones y que él transmitía la información al personal de Vialidad para incluir las empresas beneficiadas en el listado de pagos del mes siguiente. Dicha nómina, elaborada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), contenía los certificados de obras ya ejecutadas por las contratistas y aún pendientes de cobro, conforme al registro del Ministerio de Planificación.
El procedimiento, según se indicó, operaba del siguiente modo: tras una reunión en la residencia de Olivos en 2011, en la que participaron Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, la entonces mandataria solicitó a De Vido un informe mensual de los pagos correspondientes a todas las obras del Ministerio de Planificación, detallado por empresa. Según el relato, ambos le encargaron a José López que elaborara un listado similar para la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de su Secretaría de Obras Públicas.
Julio de Vido, Cristina Fernández de Kirchner y José López, involucrados en la causa de los Cuadernos de las coimas. (Foto: Télam)
Cada mes, con los certificados de obra emitidos por los funcionarios de Vialidad Nacional, López reunía los datos junto con el presupuesto o cupo disponible para pagos, y a partir de esa información distribuía proporcionalmente los montos que debía percibir cada empresa. Aclaró que los límites presupuestarios eran determinados por Julio De Vido y Roberto Baratta, quienes controlaban la asignación de fondos dentro del ministerio.
De acuerdo con una de las declaraciones más relevantes del caso, la exmandataria supervisaba personalmente los montos que debían abonarse a cuatro empresas principales: Austral Construcciones (propiedad de Lázaro Báez), CPC (de Cristóbal López), Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra) y JCR (de Juan Carlos Relats). El dinero restante, una vez cubiertos los pagos a estas firmas, se distribuía proporcionalmente entre las demás compañías. En caso de requerirse ajustes, las modificaciones se realizaban priorizando siempre a ese grupo reducido de contratistas.
Sobre la base de esa dinámica de distribución, también confirmada por Carlos Wagner, la Justicia prevé abordar en el juicio 164 hechos adicionales de cohecho atribuidos a la expresidenta.
De los 51 acusados incluidos en esta parte del expediente —con Cristina Kirchner señalada como la principal responsable y presunta líder de la asociación ilícita dedicada al cobro de fondos irregulares—, solo seis corresponden a exfuncionarios públicos, mientras que los otros 45 son empresarios del sector privado.
Causa de los cuadernos. La cifra ofrecida toma como base el monto de los embargos, actualizados dede 2018 hasta ahora, y rondaría los 8 millones de dólares.
Entre los nombres más destacados identificados como pagadores de sobornos que habrían sido canalizados hacia la exmandataria, figuran Gerardo Ferreyra (2 pagos ilegales), Cristóbal López (6), Fabián y Osvaldo De Sousa (6), Carlos Wagner (7), José, Gerardo y María Rosa Cartellone (10), Hugo Alberto Dragonetti (22), Juan Chediack (5), Aldo Benito Roggio (11), Mario Rovella (12), Ángelo Calcaterra (4) y Javier Sánchez Caballero (4).
El registro continúa con los nombres de Gabriel Losi, Patricio Gerbi, Ricardo Scuncia, Santiago Altieri, Miguel Ángel Marconi, Osvaldo Acosta, Marcela Sztenberg, Silvio Mion, Daniel Piton, Roberto Orazi, Julio Paolini, Juan Luciano, Pablo Gutiérrez, Jorge Benolol, Adrián Pascucci, Oscar Sansiñena, Luis Armani, Guillermo Escolar, Juan Bautista Pacella, Carlos Román, Carlos Arroyo, Tito Biagini, Hugo Kot, Rodolfo Perales, Eduardo Kennel, Juan Manuel Collazo, Ricardo Repetti, Mauricio Pascucci y Luis Losi.
Un aspecto relevante es que diez de estos empresarios decidieron acogerse a la figura de imputados colaboradores, entre ellos Juan Chediack —primo del expresidente Mauricio Macri—, además de Roggio, Wagner y otros nombres vinculados al caso.
Cuadernos de las coimas.
De acuerdo con lo determinado por la Justicia Federal, todos ellos participaron activamente en el pago de sobornos relacionados con contratos de obra pública civil. Al explicar el funcionamiento del mecanismo, Carlos Wagner detalló que “la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador de la licitación”.
El empresario financiero Ernesto Clarens, cercano al entorno kirchnerista, aportó precisiones sobre el expediente conocido como “la camarita”, explicando que se trataba de un esquema de cartelización en la obra pública, mediante el cual se pactaban previamente con los contratistas las adjudicaciones de los proyectos y los porcentajes de dinero que cada uno debía entregar.
En una de sus declaraciones ante la Justicia, Clarens amplió su testimonio y señaló que “la camarita, es decir la Cámara Argentina de Empresas Viales, mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí surge la fecha, el número de licitación, la obra licitada, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto ofertado, en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es porque esas obras se adjudicaron competentemente”.
El segundo registro corresponde al listado de compañías involucradas en el esquema de cartelización. Según el testimonio del financista ligado al kirchnerismo, los funcionarios ejercían un control limitado, excepto cuando existían anticipos financieros. “Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas”, detalló.
Fue Clarens quien presentó ante la Justicia diversos listados de firmas que habían efectuado pagos ilegales, correspondientes a contratos de obra pública adjudicados mediante un mecanismo de selección previamente acordado, documentación que resultó clave para delinear el eje de la investigación.
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