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SUSCRIBITEEl Ministerio de Seguridad publicó la base de datos de denuncias actualizada, que contiene información a nivel nacional hasta 2024.
Las denuncias por delitos contra la administración pública se duplicaron en los últimos 15 años.
Si la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, y confirma así la resolución de la Cámara de Casación Penal Federal, ella se convertiría en la primera expresidenta argentina en ser encarcelada tras una condena definitiva. En este marco, resulta interesante analizar los datos del Ministerio de Seguridad sobre la corrupción.
La pena impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en detrimento del erario público es de seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas.
Esto representaría un suceso sin precedentes en un panorama donde la corrupción permeó la política argentina durante las últimas décadas. Solo en este expediente, otros siete exservidores públicos, tanto a nivel nacional como de la provincia de Santa Cruz, también han recibido condenas. Además, solo en el decenio más reciente, cuarenta exfuncionarios nacionales han sido señalados por delitos contra el patrimonio estatal, según una publicación de colegas de Infobae.
Un estudio de la base de datos de denuncias, hecha pública por el Ministerio de Seguridad de la Nación y con información al día hasta 2024, muestra que las acusaciones por delitos contra la administración pública no han dejado de aumentar en el último cuarto de siglo. Este registro abarca las denuncias presentadas en dependencias policiales de todo el país, e incorpora situaciones de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos estatales.
En el año 2000, el dato más antiguo disponible, se documentaron 10.110 denuncias relacionadas con este tipo de ilícitos que involucran a servidores estatales. Para 2024, esa cifra ascendió a casi 50.000, lo que significa que en un período de dos décadas y media, las acusaciones por delitos contra el patrimonio del Estado se quintuplicaron. Dentro de esta trayectoria ascendente, destaca el año 2020, marcado por la pandemia, que registró el número más elevado de acciones generadas por esta problemática: 60.453.
Considerando un lapso más corto, desde 2010 hasta finales de 2024, el número de denuncias en todo el territorio nacional pasó de 23.866 a 49.942. Es decir, en un lapso de 15 años, los incidentes de corrupción reportados en los diferentes niveles de la administración pública se duplicaron.
El incremento en las acusaciones por este tipo de ilícitos se alinea con la ubicación de Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe anual elaborado por Transparencia Internacional (TI), la principal organización no gubernamental dedicada al combate contra la corrupción. Con la excepción del período gubernamental de Mauricio Macri, la puntuación del país no ha mostrado una mejora significativa desde 2012, año en que se comenzó a medir el IPC con una metodología renovada.
Desde la perspectiva de Hugo Wortman Jofré, quien preside Poder Ciudadano –la filial argentina de TI–, este aumento podría atribuirse a diversas causas. Por un lado, “desde 2010 para acá, se incorporaron leyes que posibilitaron las denuncias de manera más fácil y anónima”. Y mencionó, en ese sentido, la sanción de leyes que posibilitan la cooperación, como la del arrepentido en 2016.
Además, hizo hincapié en los canales de denuncia que implementaron la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público Fiscal. Resaltó también la especialización del Ministerio Público en la persecución de delitos contra la administración pública, aludiendo a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. “La PIA fomentó que la gente que tuviera información sobre hechos de corrupción, pudiera canalizarla de forma sencilla”, advirtió Wortman Jofré.
“Más allá de todos estos elementos, hay uno fundamental y tiene que ver con que la política se financió del Estado. En los últimos 15 años, el Estado ha sido una víctima boba, fácilmente estafable y corrompible por parte de la política. Gobernantes y partidos políticos encontraron muy fácil cometer todo tipo de fraudes y afectar su patrimonio, el de todos”, agregó.
Para este letrado con experiencia en asuntos de corrupción, el inconveniente no se limita exclusivamente a las administraciones federales. "En las provincias de corte feudal o caudillesco, la problemática de un Estado pasivo que permite ser objeto de crímenes en su detrimento, de manera sistemática, debería ser considerablemente más grave".
Del examen realizado por colegas de Infobae a partir de la base de datos del Ministerio de Seguridad, se desprende que las denuncias por actos de corrupción durante el primer año de gestión de Javier Milei aumentaron un 17% en comparación con el último año de Alberto Fernández: ascendieron de 42.856 en 2023 a 49.942 denuncias en 2024, lo que representa un incremento de 7.086 casos.
“Puede tener que ver con esta idea de que el gobierno libertario busca terminar con los bolsones de la corrupción. Llegó con una mirada de ‘auditor’ y eso ha llevado a la proliferación de denuncias. Va a ser interesante ver si esta curva de crecimiento de denuncias se mantiene a lo largo de los años, o tiene que ver con el ideario libertario este de achicar el Estado denunciando las irregularidades, terminando con fideicomisos, con institutos y cajas de la política. Y si esto se va a sostener en el tiempo, o van a aparecer otras cajas de la política que suplanten a estas”, analizó el presidente de Poder Ciudadano.
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, divulgado a comienzos de este año por Transparencia Internacional, Argentina no experimentó una mejoría en su posición global a pesar del cambio de administración. El año pasado, el país obtuvo 37 puntos de un máximo de 100 (el puntaje asignado a la nación más transparente), idéntico resultado al del año previo. Esto la ubicó en el puesto 99 de 180 países evaluados, compartiendo lugar con naciones como Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos. Los países que encabezan la lista son considerados los más transparentes.
“Hay que ver si una ideología libertaria que viene aplicar motosierra y terminar con los bolsones de corrupción se sostiene en el tiempo. Desde Poder Ciudadano vemos que no hay una matriz de lucha contra la corrupción que se piense de manera integral, como por ejemplo independizar la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo, mejorar el funcionamiento de las leyes de Acceso a la información. Retirar a los organismos, como la UIF o la OA, como querellantes tampoco es una buena señal”, concluyó Wortman Jofré.
La base de datos del Ministerio de Seguridad cuantifica los sucesos anualmente, desglosándolos por tipo de delito y por jurisdicción (tanto provincial como departamental). Esta información se nutre principalmente de las denuncias recibidas por dos fuentes principales: la Policía Federal y las fuerzas policiales provinciales. Es importante aclarar que la cantidad de incidentes reportados no se corresponde necesariamente con el mismo número de causas penales iniciadas.
En 2024, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de denuncias por delitos contra la administración pública, con 17.535 casos, lo que representa el 35% del total nacional.
No obstante, si consideramos la tasa de denuncias por cada 100.000 residentes, la provincia de Buenos Aires no ostenta la proporción más elevada en relación con sus 17 millones de habitantes. El listado lo lidera Mendoza, con 6.779 acusaciones registradas el año pasado, para una población de 2 millones, lo que se traduce en una tasa de 331 denuncias por cada 100.000 personas.
Respecto al incremento en las denuncias entre 2023 y 2024, el mayor repunte se observó en Tucumán: la cantidad se casi triplicó en solo un año, pasando de 459 denuncias en 2023 a 1.731 en 2024.
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