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SUSCRIBITELa solicitud la presentará en el marco de la causa vialidad. Tras la presentación de este recurso, hablará el abogado de Cristina Kirchner en la sede del PJ.
Este lunes, la Cristina Kirchner presentará un recurso de "queja" ante la Corte Suprema para pedir su absolución en el caso Vialidad. La defensa expondrá el caso ante el máximo tribunal. Este es el último recurso disponible para el abogado defensor de la exmandataria, quien busca que la Corte revise y revoque la condena de 6 años de prisión impuesta.
La fecha límite para este trámite es el próximo martes 1 de abril. La defensa de CFK argumenta que “se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales”, como así también “el deber de objetividad” del Ministerio Público Fiscal.
Si la Corte Suprema acepta la queja, permitirá que la Procuración General, dirigida por Eduardo Casal, emita su dictamen. En el alto tribunal ya se encuentra trabajando Manuel García-Mansilla, el magistrado designado por el presidente Javier Milei a través de un decreto.
Hasta ahora, no se tienen pistas sobre la posición que adoptará la Corte. Sin embargo, la semana anterior, la Cámara de Casación Federal desestimó el recurso extraordinario interpuesto por los abogados de Cristina Kirchner.
Con duras acusaciones hacia los magistrados que la sentenciaron, la exvicepresidenta había pedido una revisión del fallo para anular la condena. Sin embargo, tras esta decisión, la única alternativa disponible es presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impedir que la sentencia se confirme.
La decisión emitida por la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de noviembre no es definitiva, lo que permitiría a la ex presidenta postularse en las elecciones legislativas de este año. El tribunal que inicialmente condenó a Cristina Kirchner fue el TOF 2, en diciembre de 2022, tras juzgarla por desviar el 80% de los fondos destinados a la obra pública en Santa Cruz.
En el caso de la causa Vialidad se analizan “irregularidades” en la adjudicación de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. En este proceso, la ex vicepresidenta fue sentenciada a seis años de prisión por “fraude contra la administración pública”, condena que fue ratificada.
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