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SUSCRIBITEEl Comité de Derechos Humanos aún no analizó el reclamo de la expresidenta contra su condena en la causa Vialidad. La demora complica sus planes electorales.
La ONU no trató el pedido de Cristina Kirchner para ser candidata y se posterga para 2027.
Hasta ahora, Cristina Kirchner no obtuvo la respuesta que buscaba del Comité de la ONU ante el que presentó un reclamo para dejar sin efecto su condena. El organismo finalizó sus reuniones ordinarias a comienzos de noviembre sin analizar el planteo de la exmandataria, quien pretende recuperar la posibilidad de postularse a cargos electivos.
En consecuencia, el tratamiento del reclamo ante la ONU quedará aplazado, como mínimo, hasta marzo de 2027, fecha prevista para la reanudación de las sesiones del organismo internacional. Esta demora representa un obstáculo para los planes electorales de la exmandataria de cara a los próximos comicios presidenciales.
Los abogados de CFK pretendían que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictara una medida cautelar para dejar en suspenso las consecuencias de la sentencia que le impuso a la exmandataria una inhabilitación de por vida para postularse a cargos públicos.
La función de este órgano consiste en controlar que los países que adhirieron al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respeten las disposiciones establecidas en ese acuerdo. Para resolver una presentación, el procedimiento contempla notificar al Estado señalado, darle la oportunidad de exponer sus argumentos sobre la admisibilidad y el contenido de la denuncia y, posteriormente, habilitar una réplica de los representantes del denunciante. Todo este proceso puede demorar entre dos y tres años.
La presentación ante el comité fue realizada por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. En el escrito, los letrados plantearon que se habrían incumplido garantías contempladas en el tratado, sostuvieron que ya se habían agotado todas las instancias judiciales disponibles en la Argentina y reclamaron la adopción de medidas de carácter urgente.
Los representantes legales sostienen que el comité tiene la facultad de analizar en cualquier instancia las tres solicitudes de medidas cautelares que acompañaron la presentación.
El argumento principal de la defensa cuestiona la restricción de sus derechos a participar en elecciones, tanto mediante el voto como postulándose como candidata. Además, considera que la inhabilitación de por vida constituye una medida ilegítima y desmedida que vulnera sus derechos políticos.
La representación legal de CFK sostiene, además, que durante el proceso se vulneró la garantía de un debido proceso. En el escrito, afirmó que se le adjudicó responsabilidad penal por “actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional”, una situación que, de acuerdo con la defensa, le habría impedido ejercer una asistencia jurídica adecuada.
El reclamo también invoca la necesidad de que el caso sea evaluado por un “tribunal competente, independiente e imparcial”. Según los abogados, la objetividad de los órganos judiciales se habría visto comprometida por la distribución irregular de las causas, una práctica denominada forum shopping, y por supuestas relaciones personales entre magistrados, fiscales y referentes de la oposición.
La defensa cuestionó, además, que la Corte Suprema haya actuado con solo tres integrantes y que un juez recusado haya tenido a su cargo la resolución del planteo presentado para apartarlo del expediente.
La sentencia dictada en el expediente Vialidad estableció para Kirchner una pena de seis años de cárcel y la inhabilitación permanente para ocupar funciones públicas. Como parte de la ejecución del fallo, también fue retirada del registro de electores y actualmente permanece bajo arresto domiciliario en su vivienda de San José 1111.
Las objeciones planteadas contra el desarrollo del juicio fueron analizadas a lo largo de las distintas instancias judiciales. Al concluir ese recorrido, la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad penal de la exmandataria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
De esta manera, ya no quedan recursos disponibles dentro del ámbito judicial argentino para conseguir que se modifique el fallo. Frente a ese escenario, la posibilidad de acudir a un organismo internacional, como las Naciones Unidas, se convirtió en el último camino por explorar. Esto se debe a que la legislación nacional no contempla una instancia adicional de revisión después de que la Corte Suprema emite su resolución.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU está habilitado para formular recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo, pero carece de atribuciones para anular un fallo dictado por la Justicia.
La posibilidad de conseguir una resolución cautelar favorable por parte de Naciones Unidas también forma parte del enfrentamiento político que Kirchner sostiene puertas adentro del peronismo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La intención de la exmandataria es volver a estar habilitada para presentarse en los comicios, a pesar de la prohibición establecida por la sentencia. Como alternativa, busca conservar capacidad de influencia para negociar la conformación de las listas frente a una eventual propuesta electoral de la oposición.
Mientras continúa la demora en el tratamiento de su reclamo ante la ONU, un grupo de referentes del kirchnerismo se trasladó a Washington para mantener un encuentro con los integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, quienes forman parte del sector progresista del Partido Demócrata.
El grupo, que se presenta bajo el nombre de “Cristina Libre”, está conformado por los diputados nacionales Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el representante argentino en el Parlamento del Mercosur, Franco Metaza.
Durante la reunión, los legisladores norteamericanos prestaron especial atención a la explicación sobre el escenario judicial que enfrenta CFK.
En paralelo a sus gestiones para dejar sin efecto las consecuencias de la sentencia en la causa Vialidad, la expresidenta debe afrontar otros procesos judiciales, entre ellos los expedientes conocidos como “Cuadernos” y Hotesur-Los Sauces. En caso de que sea condenada en esas investigaciones, las nuevas penas se acumularán una vez que los fallos sean ratificados por la Corte Suprema.
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