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SUSCRIBITEDesde Casa Rosada comenzaron una nueva jornada de negociaciones con la denominada oposición dialoguista, con el fin de alcanzar el dictamen en la Ley Bases.
Los expositores cargaron contra la flexibilización laboral incluida en la Ley Bases.
Durante las intervenciones del líder sindical Héctor Daer, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), y del diputado Hugo Yasky, quien lidera la CTA de los Trabajadores, el Senado reanudó hoy la discusión en comisión sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, y parece que el oficialismo aún no alcanza el tan esperado dictamen para emitir un dictamen.
Mientras los oradores expresaron su oposición a la flexibilización laboral propuesta en el amplio proyecto, el gobierno central inició conversaciones con los senadores aliados -algunos de los cuales han mostrado desacuerdo- para fortalecer el tan esperado dictamen, que se esperaba obtener esta semana para someter el proyecto al pleno el jueves, justo antes del Día del Pacto de Mayo.
Daer inició la secuencia de discursos que comprende una amplia lista de 46 oradores que serán atendidos por el pleno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda durante esta semana.
Durante su intervención, el líder gremial, convocado por la senadora Juliana Di Tullio (proveniente de Buenos Aires), cuestionó ciertos aspectos de la reforma laboral, especialmente destacando el régimen de contratación y el fondo de cese.
Inicialmente, La Libertad Avanza tenía como objetivo obtener un dictamen rápido el jueves pasado y celebrar una sesión el 16 de mayo. Sin embargo, debido a la evidente falta de coordinación entre la Casa Rosada y los senadores aliados, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ha comenzado una nueva serie de negociaciones con la llamada oposición dialoguista.
El funcionario y los senadores estaban negociando modificaciones en el contenido con el objetivo de evitar otro revés para el Gobierno en el Congreso Nacional.
Los aspectos ambiguos que superaron la escasa evaluación de los diputados están vinculados al Régimen de Estímulo a las Grandes Inversiones (REGI), al lavado de activos, entre otros. En lo que respecta al primero, las demandas de la UIA para salvaguardar a las pequeñas y medianas empresas y a los proveedores locales en proyectos extractivos, son uno de los aspectos que el Gobierno ha tenido en cuenta.
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