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SUSCRIBITEUn total de 77 legisladores respaldaron la propuesta del Gobierno en la Cámara de Diputados, que impulsa bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El Gobierno emitió dictamen sobre su proyecto de Régimen Penal Juvenil en la comisión plenaria de la Cámara de Diputados. El texto, que será llevado al recinto en una sesión cuya fecha aún no fue establecida, fue hecho por el PRO y La Libertad Avanza en conjunto. Con esta medida, baja la edad de imputabilidad.
La medida logró sumar adhesiones de sectores del radicalismo y de la Coalición Cívica. El objetivo central de la propuesta es reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Dos acontecimientos inesperados marcaron la agenda del día y amenazaron con poner en riesgo la aprobación del dictamen mayoritario del oficialismo: la renuncia de Patricia Bullrich al PRO, partido desde el cual se había impulsado originalmente la redacción del proyecto a través de su equipo en Seguridad, y su anuncio de incorporación a las filas de La Libertad Avanza.
“No nos perjudicó la salida de Patricia”, aseguraron a este medio desde la fuerza liderada por Mauricio Macri, aunque matizaron: “Al menos por ahora y al menos para esta ley”. El otro hecho relevante fue la reconfiguración interna de Unión por la Patria, que decidió apartar de las comisiones participantes del plenario a los legisladores alineados con el Frente Renovador, con el objetivo de evitar que sus apoyos —que avalarían la reducción de la edad de imputabilidad— quedaran expresados en el dictamen del oficialismo.
“Lo que se vea hoy en la comisión no será lo mismo que en el recinto”, adelantó uno de esos diputados, dejando entrever que, llegado el momento, acompañarán con su voto el Régimen Penal Juvenil. Una vez alcanzado el número necesario de legisladores presentes para sesionar, se presentaron cuatro propuestas. La principal, promovida por el Poder Ejecutivo, plantea bajar la edad mínima de responsabilidad penal a los 14 años e incorpora medidas alternativas antes de aplicar sanciones severas a menores que infrinjan la ley.
Estas medidas incluyen prácticas de reparación del daño, tareas comunitarias y, en casos graves, reclusión (cuando el delito conlleve una condena superior a una década). Esta iniciativa recibió el respaldo de 77 parlamentarios, fija una pena tope de hasta 15 años y contempla su entrada en vigencia dentro de los próximos 180 días.
La segunda propuesta con mayor respaldo proviene de Unión por la Patria, que mantiene la edad de responsabilidad penal en 16 años, aunque plantea pasos intermedios antes de recurrir al encierro en instituciones cerradas para menores. Las otras dos iniciativas fueron impulsadas por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, representantes de Encuentro Federal —quienes también sostienen la punibilidad a partir de los 16 años—, y por el Frente de Izquierda, que se opone a cualquier tipo de modificación normativa.
Si bien no intervinieron en el debate, legisladores tanto del PRO como de La Libertad Avanza manifestaron su entusiasmo en plataformas digitales tras conseguir el respaldo al proyecto. Asimismo, se pronunció el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien señaló que "el gobierno del presidente Javier Milei tiene el mandato de la sociedad de proteger a las víctimas y meter presos a los delincuentes y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplirlo”.
“Compartimos con Cuba la edad de imputabilidad más alta de la región. En Uruguay la edad es de 13 años y en Brasil y México 12 años”, planteó, uno de los argumentos reiterados por el oficialismo.
El representante del Gobierno nacional también delineó cuál será el enfoque que adoptará la administración para afrontar las siguientes etapas de la iniciativa. “Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”.
En nombre del bloque oficialista, intervino la diputada Roxana Reyes, oriunda de Santa Cruz (UCR), quien resaltó el enfoque "resocializador, educativo y de contención" que los sectores aliados al Gobierno lograron incorporar al texto propuesto por La Libertad Avanza, incluyendo además la figura del supervisor. "Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal", expresó, y subrayó que la sanción más severa contemplada será de hasta 15 años y que su entrada en vigencia está prevista dentro de un plazo de 180 días.
La legisladora de la provincia de Buenos Aires, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), reiteró que acompañarán el texto impulsado por el oficialismo, aunque con ciertos puntos en los que difieren, ya que "hoy un chico de 14 o 15 años, comete un delito y el Estado no puede hacer nada. Vuelven a una casa donde no hay nadie".
Ante ello, la ley pretendería "darle contención a ese menor que no tiene respuesta de Estado ausente, que en estos 40 años de democracia no supieron dar respuestas educativas ni de salud". "Exigimos que ningún fiscal ni ningún juez pueda aplicar ninguna medida privativa de la libertad hasta tanto estén los lugares adecuados", expresó.
También intervino el diputado por Santa Fe, Germán Martínez (Unión por la Patria), quien admitió que en el Congreso "hay una dinámica que hay que revisar": "Recibimos una cantidad de aportes mayoritariamente con miradas críticas hacia el proyecto del Ejecutivo, nos están faltando instancias de ese procesamiento", argumentó y se preguntó si "¿hay disposición para poder incorporar en nuestras miradas los aportes de los invitados?".
Al mismo tiempo, solicitó una extensión del plazo para debatir la iniciativa, argumentando que "los debates tienen que ser sin los carancheos de determinadas situaciones de conmoción, sin cálculos electoralistas que desvirtúan el debate y escuchando a todos". "¿Cómo hacemos para garantizar los recursos para que Nación, Provincia y Municipios y los distintos dispositivos judiciales para que nosotros podamos hacer efectivamente y concreta esta ley en el caso de aprobarse?", cerró.
Con anterioridad, intervino el diputado oriundo de Buenos Aires, Christian Castillo (FIT): "Esta es una bomba de humo que no resuelve lo que se propone resolver". "La evidencia en los países se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos", recordó y consideró que "es evidente que se quiere transformar a los niños y adolescentes en chivos expiatorios".
El diputado de Formosa, Fernando Carbajal (del grupo radical Democracia para Siempre), destacó que "se han incorporado muchas de las observaciones que hemos formulado, al extremo que este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con el que mandó el Poder Ejecutivo. No recepta los ejes políticos e ideológicos del Gobierno".
Además, explicó que a un joven declarado culpable de delitos con penas de entre 0 y 3 años no se le podrá imponer prisión efectiva; en casos de entre 3 y 10 años, será responsabilidad del juez considerar la opción de alternar la pena de prisión con otras medidas; y "solamente se podrá imponer pena efectiva de delitos de más de 10 años, que estamos hablando evidentemente por hechos extremadamente graves".
Tras su intervención, la diputada bonaerense Mónica Macha (Unión por la Patria) calificó la iniciativa como "populista": "Esta medida pone en riesgo a las adolescencias de barrios populares. Lo que se quiere es disciplinar y castigar. El Gobierno nacional desfinancia las políticas de niñez, educación y salud; difícilmente podamos pensar que las trayectorias de las adolescencias puedan tener mejores proyectos dignos". "Cuando ingresan en dinámicas delictivas sumamente complejas, los que les ofrecemos es cárcel", agregó.
La diputada bonaerense Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) también tomó la palabra, sin ofrecer detalles sobre su dictamen y solicitó "escuchar a los operadores judiciales de las provincias. Si tiene un problema el dictamen de mayoría, es precisamente la dificultad de su aprobación en las provincias, porque muchas ya tienen un sistema penal juvenil". "Difícilmente haya plata para institutos para jóvenes. Pocas posibilidades tenemos de que esto vaya en la garantía del resultado que se pretende", subrayó y manifestó: "Ningún límite de edad va a resolver estas problemáticas".
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