El Senado definirá los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema

Anoche, dentro del oficialismo se respiraba inquietud, no solo ante la posibilidad de un revés—“quiero ver cómo se llega al quórum y si todos los que amenazan con votar en contra de los dos candidatos, lo hacen”, comentó un legislador libertario a este medio—, sino también por las diferencias internas al definir un plan efectivo para sortear el debate. Cabe destacar que La Libertad Avanza representa menos del 10% del Senado y que, para la designación de un juez en la Corte Suprema, es imprescindible contar con el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes.

Hasta el último fin de semana, la administración nacional hizo escasos esfuerzos para prevenir un revés en una disputa que, en varios momentos, dejó de centrarse en la capacidad de los postulantes y pasó a ser un enfrentamiento de fuerzas entre el kirchnerismo y el Ejecutivo. El problema radica en que la contienda involucra nada menos que al máximo tribunal del país.

El pleno del Senado, durante una sesión extraordinaria realizada en febrero último.

No fue hasta el martes pasado, cuando las negativas ya estaban aseguradas, que el Gobierno pisó el acelerador con la intención de provocar una posible ausencia de quórum. Sin embargo, el intento se desvaneció en cuestión de horas. “Se acordaron tarde y la pared está cada vez más cerca. Igual, nunca hay que descartar sorpresas con esta gente”, evaluaron desde un experimentado despacho.

Alrededor del mediodía está prevista una reunión de Labor Parlamentaria en la que participarán los líderes de bloque junto a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con el propósito de organizar el desarrollo de la sesión. Además, se evaluará la posibilidad de aceptar la renuncia, anunciada hace tiempo, de María Laura Izzo, quien se desempeñaba con eficiencia como secretaria administrativa de la Cámara alta.

Desde el oficialismo aseguraron que esto no implica que la designación de su sucesor ni la confirmación de las demás autoridades estén garantizadas de inmediato, sino que se postergarán para más adelante. No obstante, al inicio de la sesión en el recinto, se trataría el nombramiento de Wenceslao Bunge como representante diplomático de Argentina en España.

Si hoy a la tarde logran ocupar 37 bancas, la sesión dará inicio. En caso de que al menos 25 senadores—suponiendo una asistencia total de 72—rechacen los pliegos, estos quedarán desestimados. Mientras que el juez federal Lijo aún no prestó juramento en la Corte, Mansilla sí lo hizo. Para el Ejecutivo, más allá de un posible revés en el Senado—donde naturalmente debe debatirse el tema—, el académico mantendría su cargo hasta el cierre del período legislativo.

El jefe del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans.

Qué opinó Lijo durante la audiencia pública de agosto pasado

Objetivos para mejorar la Justicia. De acuerdo con Lijo, la Corte tiene la capacidad de redistribuir fondos y hacer más ágil “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”, reduciendo así la cantidad de litigios. En segundo lugar, destacó la necesidad de diferenciar los enfoques según el tipo de conflicto, argumentando que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Por último, hizo hincapié en la importancia de fortalecer los “procesos sumarios y orales”.

Ampliación de la Corte. “No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte”. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. “Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”, expresó.

Dolarización. El postulante aclaró que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y añadió: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.

Género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, puntualizó Lijo. A su vez, destacó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.

Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El candidato indicó que hay “una jurisprudencia extensa en la Corte”, respecto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, reiteró que el tema “merece un debate público”.

El magistrado federal y candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo.

Acusaciones en su contra. “No voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, dijo el juez federal. Más temprano, detalló: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.

Retenciones. “Creo que los derechos exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”, reflexionó.

Intervenciones en expedientes Siemens, YPF y deuda de Formosa. Respecto al primero, Lijo subrayó que se trató de un episodio de “soborno transnacional, es uno de los trabajos artesanales más complejos que enfrentamos”, donde se “avanzó muchísimo en la averiguación y circulación del dinero, su circuito en paraísos fiscales y cómo saltaban en cuentas tipo ‘mamushkas’ de un país a otro, y de un banco a otro”. Luego comunicó que “nunca ingresó el dinero a la Argentina” y que “se elevó a juicio oral toda la actividad de los privados, corroborado con información que aportó Alemania”. Sobre el resto, se “avanzó hasta punto donde no teníamos diligencias y su archivo fue confirmado por la Cámara Federal y por la Corte Suprema”.

En cuanto a YPF, destacó que es “una causa en trámite” y con una “gravedad para la Argentina, demandada en el exterior”. Y añadió: “Es especialmente delicado que me expida sobre la causa, no por no tener una gran cantidad de información para darles. Hay algunos aspectos que no se han logrado probar todavía y depende de la colaboración de otros países. Una de las razones por la que está tramitando en el exterior, uno de los argumentos que se utilizaron en la justicia de los Estados Unidos, es la existencia de una causa penal en la Argentina, contrariamente a lo que se sostiene muchas veces públicamente, cometiendo lo que, desde mi punto de vista, es un error jurídico”.

Cuando le preguntaron sobre un expediente relacionado con el endeudamiento de Formosa, Lijo brindó una explicación detallada: “La investigación avanzó hasta la indagatoria de funcionarios. A partir de eso, las partes ejercieron su derecho de defensa e hicieron un planteo respecto de la competencia basado en un precedente de la Corte de mi propio tribunal, que separa las investigaciones de las provincias y del Estado nacional. La jurisprudencia de la Corte establece que cuando hay afectación de fondos provinciales, es competente la justicia federal de la provincia”.

El académico Manuel García-Mansilla ya juró en la Corte Suprema, tras su designación.

En aquel momento, el juez sugirió dividir la pesquisa, remitiendo una parte a la justicia federal de la provincia y reteniendo la que involucraba a los funcionarios nacionales. “No es verdad que existan gestiones judiciales y mucho menos en mi juzgado, o nadie que yo conozca”, concluyó.

Coparticipación: El postulante opinó que “son cuestiones de interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y las provincias” que deben “trabajar para llegar a un consenso por unanimidad o mayoría”. No obstante, el principio a regir para cualquier cuestión “fiscal y distributiva es la solidaridad”.

Qué dijo García Mansilla durante la audiencia pública de agosto pasado

En el Salón Azul del Senado, el legislador cristinista Oscar Parrilli insinuó que el candidato podría tener una postura contraria al peronismo. Ante esta observación, el académico rememoró sus cuestionamientos expresados en diversas publicaciones y escritos sobre la prohibición de dicha fuerza política y la restricción del uso de emblemas justicialistas. “A lo mejor no le interesó eso, o el título no era sugestivo. Los títulos no los elijo yo”, dijo, y sumó a todo esto las observaciones que hizo sobre proyectos radicales, lo cual no implicaba tener “un sesgo anti radical”.

Ante una consulta sobre su vínculo profesional con una cámara del sector hidrocarburífero, García-Mansilla fue tajante al afirmar que respetará estrictamente las normas de recusación. “Lo haré sin ningún tipo de problema”, dijo. Asimismo, resultó relevante su análisis respecto al extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 impulsado por el oficialismo, orientado a la desregulación económica. Aclaró que no puede emitir un juicio específico sobre un DNU que está bajo revisión judicial y que aplicaría el mismo principio expuesto anteriormente, considerándolo “inconstitucional” en principio, aunque señaló que el Estado debería demostrar que se daban las condiciones necesarias para validar su uso.

Respecto a los sondeos que reflejan una percepción negativa del sistema judicial, el candidato afirmó que existen “problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas”, que el “poder judicial interfiere muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando”.

Acerca de la iniciativa impulsada por el bloque kirchnerista en el Senado, que busca establecer que el Jefe de Estado perciba el salario más alto dentro de la administración pública, señaló que “si implica una reducción del salario de los jueces de la Corte, tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que no se pueden reducir los salarios de los jueces”.

El Senado define hoy los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

Hacia el cierre de la tanda de consultas formuladas por Parrilli, García-Mansilla se refirió a su situación respecto al impuesto a las Ganancias. En ese contexto, explicó que lleva muchos años desempeñándose en el sector privado y que no solo ya abona dicho tributo, sino que tampoco tiene “ningún inconveniente” en continuar con el pago del impuesto.

Luego de la ceremonia impulsada ayer por la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en la que asumió el compromiso de promover la reanudación de “todas las causas de víctimas del terrorismo”, la también cristinista Juliana di Tullio demandó precisiones sobre delitos cometidos en la década de los 70. “¿Son prescriptibles?”, preguntó. “Entiendo que sí”, abogó García-Mansilla.

A continuación, indagó sobre la perspectiva del candidato respecto a una posible normativa que establezca el negacionismo como un delito tipificado. “Me hace una pregunta complicada”, manifestó el candidato. Y sumó: “Nuestro sistema constitucional tiene una protección muy robusta de la libertad de expresión. Hay delitos que se tipifican en países europeos que tienen una concepción distinta de la libertad de expresión”.

Por otra parte, García-Mansilla confió: “Tengo sangre judía, entiendo perfectamente bien lo que es el genocidio y el negacionismo en otro contexto. Desde lo jurídico, la protección a libertad de expresión es muy robusta. El Congreso estaría sancionando una ley y habría que ver el detalle, que podría llegar a colisionar. Algunas de las expresiones podrían implicar un delito; otras, tal vez, no”.

Mientras se producían incidentes entre manifestantes jubilados y efectivos de seguridad en los alrededores del Congreso, Di Tullio interrogó a García-Mansilla acerca de su postura respecto al protocolo diseñado para gestionar cortes y protestas. “No puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, conjeturó.

El pleno del Senado sesionará desde las 14 para definir la suerte de los pliegos.

*DNU. “Tengo una postura tomada desde el punto de vista académico. Entiendo que el Congreso, en ejercicio de las atribuciones, sancionó una ley para regular la forma en la que quiere controlar. El Congreso fue el que decidió. Yo marco una inconsistencia técnica. Es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista, donde los frenos y contrapesos son la norma. Pero es decisión del Congreso”, argumentó García-Mansilla. Y señaló, al igual que lo hizo por la tarde, que “en el marco de un proceso judicial, la carga de la argumentación para demostrar la validez de ese DNU le corresponde al Estado nacional”.

*Cambio climático. “Es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático, el Congreso ha legislado en la materia”, advirtió el candidato. Y remarcó: “No soy experto. No puedo más que aceptar lo que los expertos dicen”.

*Aborto. “Para hacer un análisis correcto, habría que separar entre legalización y penalización, idea de Germán Bidart Campos y, a partir de ese análisis, lo que hice fue confrontar. En ciertos casos, es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”.

“Hay 13 constituciones que consideran el derecho a la vida y había que hacer un análisis con la compatibilidad de esas constituciones. Marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías. A la Corte Suprema no llegan causas de aborto, ya que en 20 años llegó una sola”, precisó.

Al referirse a sus declaraciones de 2018, durante el debate que no logró avanzar sobre la legalización del aborto, García-Mansilla enfatizó: “Si tengo que decidir cualquier caso, lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta. Lo segundo es que me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes. Lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, los derechos del niño, de los adultos mayores, etcétera. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal. Son importantes, atenta contra la seguridad jurídica que los cambios de jueces atenten contra la jurisprudencia. La Corte Suprema es colegiada y gana en autoridad cuando las decisiones se toman con una sola voz”.

“Desde ya, la ley de identidad de género es una ley vigente y se tiene que cumplir. Noté en los últimos años en ciertos casos donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Eso no se puede hacer. Los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, evaluó.

Anoche, en el oficialismo se percibía un clima de nerviosismo no sólo por una potencial derrota.

García-Mansilla también manifestó: “Todas las opiniones que vertí, las hice como académico. Tenemos una libertad de opinar en abstracto, los jueces no la tienen. No estoy diciendo que lo que yo opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no. Las opiniones académicas las sostengo; cómo fallaría, no, porque estaría prejuzgando”.

*Dolarización. “Publiqué dos trabajos sobre este tema, que tenían que ver con un momento particular durante la campaña presidencial, donde la dolarización era un tema en discusión, más allá de que no había un proyecto a analizar. En ese trabajo planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto. Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos, es inconstitucional”, volvió a insistir el postulante.

Luego de eso, puntualizó: “Si es mediante un acuerdo de integración, por ejemplo, ese proyecto podría ser constitucional. Si la dolarización es darle curso legal a una moneda extranjera, este Congreso lo autorizó alguna vez. Pero el planteo es que para poder opinar hay que ver el proyecto. Y es el Congreso el que puede disponer o no la dolarización”.

Recién el martes último, con la confirmación de rechazos blindada, el Ejecutivo aceleró a fondo la máquina para aspirar a una potencial falta de quorum.

*Autonomía de la Capital Federal. “Tiene que tener su poder judicial completo. Es un mandato constitucional. A 30 años de la reforma de 1994, hay que cumplirlo. Cuando se transfiere la competencia, se transfiere con los recursos correspondientes. Una vez pasada la Justicia a la Ciudad, puede hacer su Código Civil y Comercial”, indicó el académico.

*Reelecciones indefinidas. Si bien anticipó que “no podría” dar “una opinión sobre un caso que hoy está en la Corte Suprema”, aconsejó que “las provincias pueden establecer sus propios sistemas de gobierno”. De igual manera, observó que “la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”.