Se definen los tiempos que deben respetarse para convocar una medida de fuerza, además de estipular que se debe asegurar el funcionamiento del 50% del servicio.
Más de 150 vuelos fueron cancelados durante las últimas dos semanas.
Tal como se había anticipado, el Ejecutivo nacional declaró de manera oficial a la aviación civil y comercial como un servicio esencial. El viernes, el presidente Javier Milei rubricó el decreto, que fue divulgado en el Boletín Oficial en las primeras horas de hoy.
El decreto 825/2024 incluye los parámetros que regirán la prestación del servicio esencial de aviación civil comercial. En esa línea, dispone que “los conflictos colectivos de trabajo y toda medida de acción directa que interrumpan total o parcialmente la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada, declarada como servicio esencial por el artículo 2° de la Ley Nº 17.285 y sus modificatorias, y de las actividades de inspección, habilitación y/o certificaciones de la Autoridad o de personas autorizadas para certificar se encuentran sujetos a la presente reglamentación”.
Cumplido el compromiso y tras haber transcurrido los 15 días estipulados por la normativa, cualquier parte que busque llevar a cabo acciones de fuerza que afecten la actividad aeronáutica civil y comercial debe informar con una antelación de cinco días.
De este modo, mediante el decreto 831/2024, el Gobierno estableció que, luego de 24 horas desde la comunicación, “las partes deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución, señalando concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado”.
“Si una vez agotado dicho término el acuerdo no fuere posible o los servicios mínimos informados resultaren insuficientes, la determinación de las materias enumeradas precedentemente será efectivizada en el término de 48 horas por la Autoridad de Aplicación, que notificará e intimará a las partes a su cumplimiento", asegura por un lado la normativa.
A su vez, se indica: "En este supuesto se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrá resultar inferior al 50% respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios, con una escala gradual sobre la base de la duración y extensión acumulada del período de huelga y del conflicto colectivo de trabajo, garantizando la conectividad en las rutas que contaren con un solo servicio”.
De este modo, el Ejecutivo determinó que las compañías y los proveedores de servicios “deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la ejecución de los servicios mínimos y poner en conocimiento de los usuarios y consumidores las modalidades que revestirá la prestación durante el conflicto, detallando el tiempo exacto de iniciación y duración de las medidas, así como la forma de distribución de los servicios mínimos garantizados”.
Voceros gubernamentales señalaron a este medio que la normativa fue desarrollada conjuntamente por Federico Sturzenegger y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Esta última dependencia será la encargada de implementar la disposición.
“Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”, indicó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Cuatro gremios aeronáuticos evaluaron que la decisión del Ejecutivo de reglamentar la esencialidad del servicio aéreo para asegurar los vuelos es “arbitraria e ilegal” y, en esa línea, señalaron que “compromete la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios”.
Una de las principales acciones de protesta que empleaban los sindicatos era llevar a cabo extensas asambleas, calificadas por el Gobierno y los representantes del sector como “paros encubiertos”, ya que afectaban el funcionamiento de los servicios.
Por tal motivo, la normativa especifica que la ejecución de este tipo de reuniones “en ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos previstos”.
Tras hacerse pública la firma de la normativa, los sindicatos aeronáuticos emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que “el transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877”.
La reciente normativa fue dada a conocer la semana pasada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, después de “constatarse que, tras el paro (del viernes) de los gremios del sector aerocomercial APLA y AAA, no se garantizaron servicios mínimos que deberían preverse en el marco de la esencialidad prevista en el Artículo 2 de la Ley 17.285 del Código Aeronáutico de la Nación”.
La huelga de 9 horas que dejó varados a 15.000 pasajeros en Ezeiza y Aeroparque fue impulsada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), encabezada por el kirchnerista Pablo Biró, y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), bajo la dirección del moyanista Juan Pablo Brey, en respuesta a la negativa de Aerolíneas Argentinas de otorgar un incremento salarial del 25%.
Según los datos proporcionados por Aerolíneas Argentinas, las recientes acciones de protesta impactaron en aproximadamente 150 vuelos y perjudicaron a más de 15.000 pasajeros.
“Los gremios APLA y AAA ya demostraron su clara intención de hacer el mayor daño posible a los pasajeros de la compañía durante los paros encubiertos de las últimas dos semanas. Ante todo intento de Aerolíneas Argentinas de reprogramar, demorar, adelantar o de aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de estos paros, los gremios modificaron los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas. Esta actitud reprochable continuará siendo respondida por la compañía con descuentos y sanciones”, apuntaron.
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