Este miércoles se llevará a cabo la segunda marcha universitaria a nivel federal, con una concentración frente al Congreso. Esta vez, la manifestación se realizará en oposición al inminente veto presidencial de la Ley de Financiamiento y en apoyo a un aumento en los sueldos de los docentes.
En este marco, el Gobierno afirmó que la protesta es “política” y “opositora”, aunque expresó disposición a incrementar el presupuesto educativo para el año 2025. “Es una marcha antigobierno, por varias de sus consignas, que no está ceñida solamente al problema de los salarios”, manifestó el secretario de Educación, Carlos Torrendell, a colegas de TN en la previa.
Para el Ejecutivo, los sindicatos y la oposición buscan sacar rédito de la movilización y correr el foco del reclamo salarial.
¿Quiénes participarán de la marcha universitaria?
Desde el momento en que se anunció la convocatoria, los rectores de todas las universidades públicas del país, junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores (CTA-T), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos sociales, partidos de izquierda y una parte del radicalismo, confirmaron su participación.
Incluso, la exmandataria Cristina Kirchner motivó a los estudiantes a manifestarse. Por eso, desde el oficialismo se cree que buscan obtener un beneficio electoral aprovechando una demanda legítima, como lo es el ajuste de los sueldos docentes.
No obstante, personas allegadas al Ejecutivo afirman que su conflicto no es con las universidades, ya que coinciden en la necesidad de incrementar los recursos, sino con el Congreso, que debe justificar de qué manera obtendrá los fondos necesarios para reasignarlos al área de Educación.
La Casa Rosada está dispuesta a aumentar las partidas para el año que viene.
“(El Gobierno) no está en contra del reclamo, sino en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada”, expresó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
“Básicamente son proyectos que no pueden financiarse. El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otro. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga el equilibrio fiscal, jamás vamos a tener ningún inconveniente; por eso todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el dinero para ejecutar los aumentos que pueden ser válidos o genuinos. Señores, necesitamos saber cuáles son las partidas que piensan recortar para otorgar estos aumentos”, añadió.
“Es una marcha antigobierno, por varias de sus consignas, que no está ceñida solamente al problema de los salarios”, expresó el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
El jefe del ministerio de Educación se pronunció en la misma línea: “El Poder Ejecutivo mandó con los valores de agosto un presupuesto al Congreso Nacional. Si contemplas los aumentos de estos meses, efectivamente ese presupuesto va a requerir un acomodamiento. Se puede ampliar, pero tendrá que ser a partir del diálogo de los legisladores”.
“El Presidente fue muy claro: las asignaciones presupuestarias tienen que tener los fondos con los cuales se van a sustentar. Entonces, en esa lógica, el Congreso puede perfectamente ampliar el presupuesto para universidades y tendrá que determinar de dónde saca esos recursos que tendrá que asignar más a universidades”, completó.
Del mismo modo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, criticó la movilización y declaró: “Yo no tengo ningún reclamo, ni oral ni escrito, de ninguna universidad pidiendo una ampliación de los gastos de funcionamiento. Ni en la actualidad, ni para el presupuesto 2025”.
fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que su confrontación no es con las universidades, ya que comparten la idea de aumentar las partidas, sino con el Congreso.
En el seno del Ejecutivo reconocieron en privado que los sueldos del sector presentan un retraso del 50%. “Lo reconocen, pero no tienen una propuesta para solucionarlo”, apuntó una fuente de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).
En Educación descartaron las transferencias de las Universidades Nacionales a las provincias.
En los días recientes, se discutió una propuesta que está siendo evaluada por la alta dirigencia del Ejecutivo para traspasar las universidades nacionales a las provincias. De esta forma, dichas instituciones tendrían que buscar alternativas para sostener sus estructuras sin el respaldo económico del gobierno central. “Nos divierte mojarles la oreja”, soslayaron.
Las instituciones educativas deberían encontrar formas de poder financiar cada estructura sin la ayuda de Nación.
Algunas provincias manifestaron no estar al tanto de esa intención, aunque afirmaron que, de concretarse el traspaso, "debería ser con los respectivos recursos de las casas de estudio”. No obstante, Torrendell y su equipo negaron categóricamente esta opción.
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