El fiscal federal Eduardo Taiano, a quien la jueza María Servini le confió la investigación sobre el escándalo cripto vinculado a Javier Milei, solicitó las primeras diligencias probatorias y, en ese marco, reunió a un grupo especializado en delitos informáticos.
“En virtud de la premura del caso, en el día de la fecha, se ordenó ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia”, dice el escrito de cuatro páginas firmado por Taiano.
Milei durante el G20 en Río de Janeiro, en noviembre del año pasado.
Y profundiza: “Entre otras medidas, se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática, a la vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días, con el objeto de dilucidar los sucesos denunciados”.
En este contexto, se prevé la intervención del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la empresa Google, entidades a las que Taiano solicitó datos.
Ahora, la jueza Servini, quien impulsó estos requerimientos, debe dar su aprobación. En los últimos días, la magistrada inició el proceso de notificación para que los denunciantes confirmen formalmente sus acusaciones contra Milei.
María Romilda Servini quedó a cargo de las denuncias contra Javier Milei por la criptomoneda Libra.
Escándalo cripto: comienzan las primeras acciones en Comodoro Py
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 llevó a cabo una serie de testimonios mientras aguardaba el retorno de Taiano, quien debía evaluar si existían indicios suficientes para continuar con la pesquisa.
Se trata de las primeras acciones en Comodoro Py luego del escándalo generado por la decisión del Presidente de difundir el token Libra en sus redes sociales. El viernes pasado, la criptomoneda cotizaba en su punto más bajo, pero en cuestión de horas, tras la publicación de Milei, alcanzó un valor de US$5,20.
Pocas horas después, la situación se agravó cuando el valor de la criptomoneda cayó abruptamente debido al retiro de sus principales actores, mientras que varios inversionistas reportaron haber sido perjudicados.
Javier Milei y Hayden Davis, el creador de Libra.
“En concreto, se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de Libra, y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”, continúa el documento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3.
112 acusaciones contra Javier Milei
Hasta el momento, se presentaron 112 acusaciones contra Javier Milei, todas asignadas al juzgado a cargo de Servini. Las primeras fueron impulsadas por el diputado nacional Claudio Lozano—cuya presentación sirvió como base para la solicitud de Taiano—y el Observatorio del Derecho de la Ciudad.
Estas primeras imputaciones allanaron el camino para que más casos fueran remitidos a los tribunales de Retiro. “Están todas unidas en una sola”, explicaron fuentes judiciales.
Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó $LIBRA.
La demanda del Observatorio indicó que Milei “formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda Libra que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdida de más de cuatro millones de dólares″.
No obstante, la administración sostiene de manera oficial que la cuestión relacionada con los criptoactivos es “un tema personal entre privados”. En diálogo con colegas de TN, Milei agregó: “Yo no cometí ningún delito, la Justicia va a definir esto”.
Son los primeros movimientos en Comodoro Py tras el escándalo.
Taiano deberá examinar las imputaciones presentadas en las querellas y, con base en ello, determinar la tipificación de eventuales ilícitos. Las acusaciones apuntan a responsabilizar al jefe de Estado por fraude, conflictos de interés en el ejercicio del cargo y participación en una organización delictiva.
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