Tras la insistencia de la Cámara de Diputados con el rechazo a la fórmula jubilatoria, el Gobierno anunció oficialmente un nuevo aumento en las jubilaciones, que comenzará a aplicarse en octubre. La medida fue anunciada mediante la resolución 798/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), divulgada esta madrugada en el Boletín Oficial.
Con esta medida, el Ejecutivo estableció que la jubilación mínima será de $244.320,56. Anteriormente, el mínimo se ubicaba en $234.539. En cuanto al haber máximo, se fijó en $1.644.046,07. Asimismo, las bases no imponibles oscilarán entre $82.287,12 y $2.674.292,72.
El Gobierno fijó un nuevo aumento para las jubilaciones.
De este modo, el Gobierno nacional también subió el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que ahora será de $195.456,45.
Aunque aún no se ha hecho oficial, el Ejecutivo ya confirmó la entrega de un bono de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Este bono, concebido como un alivio ante la inflación persistente, busca mejorar los ingresos de millones de jubilados, aunque sigue sin ser suficiente para compensar el alza en el costo de vida. Así, por ejemplo, quienes cobren la PUAM recibirán $265.456.
Este incremento se enmarca en el esquema de ajustes que el Gobierno nacional instauró a través del decreto 274/2024, el cual define la movilidad jubilatoria vigente tras el veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso. Dicho veto fue respaldado por 87 legisladores.
Aunque el bono de $70.000 no fue oficializado, el Ejecutivo ya adelantó que tiene previsto pagarlo junto con los haberes jubilatorios del próximo mes.
El ajuste de las jubilaciones vinculado a los aumentos en los precios
El esquema gubernamental fue una de las principales reformas introducidas por Javier Milei al asumir la Presidencia, buscando que las jubilaciones se ajusten más directamente a los aumentos en los precios de la economía. Con este sistema, los montos de jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente, considerando la inflación del mes anterior. Así, en octubre de 2024, los haberes jubilatorios se modificarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, lo que asegura que los ingresos de los jubilados tengan cierta adaptación frente a la inflación.
Si el Congreso hubiera aprobado la ley, el aumento en septiembre habría sido del 8,1%, lo que habría elevado la jubilación mínima a $253.303 y, sumando el bono, a $323.303. No obstante, los haberes actuales se encuentran notablemente por debajo de ese monto.
El Gobierno mantiene la movilidad jubilatoria establecida por decreto.
El decreto 782/2024, mediante el cual el Ejecutivo desestimó la ley, argumenta que la propuesta del Poder Legislativo es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostuvo el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.
En esa línea, destacaron que el presupuesto fue elaborado tomando como fundamento un “programa general de gobierno —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente— y al plan de inversiones públicas”.
El Ejecutivo fijó la jubilación mínima en $244.320,56. Anteriormente, el valor mínimo era de $234.539.
Asimismo, señalaron en los fundamentos de la norma que la propuesta entorpecería la recuperación del sistema previsional, ya que estiman que provocaría incumplimientos y deudas futuras con los beneficiarios al no aclarar el origen del financiamiento.
Como ejemplo para respaldar sus argumentos, indicaron que el impacto proyectado de la medida alcanzará los 6.160.000.000.000 en 2024, es decir, seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y aproximadamente 15.430.000.000.000 para el siguiente año. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.
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