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SUSCRIBITEEl oficialismo, con apoyo del Pro, consiguió 85 votos para respaldar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La oposición llegó a 159.
El Gobierno logró sostener la medida.
Javier Milei rechazó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y logró mantener su decisión hoy con el apoyo de un tercio de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados. Contó con 85 votos, respaldado por Mauricio Macri, el apoyo de gobernadores aliados y un grupo de radicales que cambiaron de postura.
Los peronistas Osvaldo Jaldo, de Tucumán —quien instruyó a tres de sus cuatro legisladores a alinearse con el oficialismo—, y Raúl Jalil, de Catamarca, entre otros gobernadores provinciales, aseguraron el triunfo de La Libertad Avanza. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, también contribuyó. A medida que avanzaba el debate, y cuando parecía inevitable el mantenimiento del veto, uno de sus dos legisladores, Luis Garrido, insinuó que apoyaría la decisión presidencial. Su compañero, Sergio Acevedo, se opuso.
Esta diversificación de apoyos también se observó en Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut. Mientras el entrerriano votó a favor del Gobierno y también a favor de la oposición, el patagónico retiró a uno de sus representantes de la discusión y envió a una legisladora a respaldar al Poder Ejecutivo.
Desde su primer artículo, el proyecto impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el fin de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
A continuación, determina la actualización del presupuesto de las universidades nacionales en función de la inflación, con efecto retroactivo al 1° de diciembre del año anterior. La normativa establece que “hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país”.
De acuerdo con lo estipulado en la iniciativa que recibió luz verde, la asignación de recursos deberá realizarse en función del total de alumnos que ingresan, los estudiantes matriculados en cada institución, las carreras disponibles, el número de graduados, así como los hospitales y colegios secundarios que gestionan, y las actividades de investigación, tecnología y extensión que desarrollan.
Asimismo, la normativa de financiamiento universitario establece la implementación de auditorías sobre el uso de los recursos destinados a las universidades, las cuales serán supervisadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Esta disposición fue incorporada en la Cámara de Diputados por iniciativa de la UCR, como respuesta a la acusación del Gobierno, reiterada por el oficialismo en el Senado, sobre una supuesta falta de transparencia en la gestión de los fondos por parte de las universidades.
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