Afirman que no hay prisa para proceder, pero subrayan que el veto será completo. Sectores opositores intentan negociar para que la objeción sea solo parcial.
Javier Milei al confirmar que vetará la ley, el viernes en Rosario.
Desde el Gobierno afirman que no tienen "apuro" en proceder con el veto "total" a la reforma jubilatoria que el Congreso aprobó el pasado jueves. De hecho, el Senado solo "comunicará" al Poder Ejecutivo sobre la ratificación de esta ley, que incrementa las pensiones y altera la fórmula de ajuste conforme a la inflación, este lunes.
Fuentes cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel informaron a colegas de Clarín que este lunes, desde la Secretaría Parlamentaria del Senado, se remitirá a la Casa Rosada la ley que fue ratificada por más de dos tercios de los senadores durante una sesión en la cual también se acordó "suspender" los sueldos de los legisladores hasta diciembre.
Los sectores de la oposición más abiertos al diálogo piden que el veto sea solo en parte, y no completo, como lo planteó Javier Milei. Esta podría ser una estrategia política para prevenir otro fracaso en el Congreso por parte del Presidente. ¿Será este el motivo por el que el Ejecutivo decidirá tomarse algunos días antes de aplicar el veto?
En el Ejecutivo, no obstante, indican que no habrá un "veto parcial" y que seguirán con la estrategia que el mismo Milei anunció el viernes pasado durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario. "El costo fiscal de la medida, el chiste de ayer (por el jueves), esa bestialidad propia de brutos, nos costó 370 mil millones de dólares. ¿Acaso ustedes pretendían que no vetará semejante disparate?", disparó.
Desde el oficialismo explicaron que el presidente no tiene "urgencia" en revocar la ley, ya que dispone de "10 días" hábiles desde su aprobación para completar el proceso. Es decir, el período legal para vetar la ley finaliza el jueves 5 de septiembre.
En la Secretaría de Legal y Técnica, dirigida por Javier Herrara Bravo, admitieron que todavía no han recibido el texto en cuestión. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales señalaron que, a pesar de esto, "ya se está trabajando" en el borrador para la revocación de la norma, la cual fue aprobada en el Senado con una mayoría integrada por el kirchnerismo, el PRO, la UCR y miembros de bloques provinciales.
Sin embargo, la letra fina de la "argumentación" con la que se oficializará el veto total a la reglamentación corresponderá a la "Presidencia".
Desde el Ejecutivo reiteraron este domingo que no existe posibilidad de negociar con los sectores de la oposición más "dialoguista" para vetar únicamente los artículos 2, 4 y 10, que son los que más afectan los haberes mínimos, los juicios con sentencia firme y la asistencia a las 13 provincias que no trasladaron sus Cajas previsionales.
Este es otro indicio del Presidente para reafirmar su firme postura de no apoyar ninguna medida que comprometa la disminución del déficit fiscal.
El artículo 2 establece que el monto mínimo de la jubilación no podrá ser inferior al valor de la canasta básica total (CBT) para un adulto multiplicado por 1,09. En julio, esto equivalía a aproximadamente $317.704,19. Durante ese mismo mes, la jubilación mínima fue de $215.581, más un bono de $70.000, lo que sumó un total de $285.581.
Por su parte, el artículo 4 establece un incremento extra a la fórmula de movilidad que se aplicará en marzo de cada año. Este aumento corresponde al 50% de la diferencia entre la variación del RIPTE y la variación del IPC del año anterior, siempre que la diferencia sea positiva.
El artículo 10, por otro lado, establece un período de 6 meses para saldar las deudas previsionales por juicios con fallo firme, así como las deudas con las cajas provinciales que no han sido transferidas.
Según los asesores de Milei, las modificaciones son inviables debido al alto costo fiscal que implicaría implementarlas. Sin embargo, el Gobierno enfrentaría el costo político de un veto que perjudicaría los ingresos de un sector vulnerable de la población y, al mismo tiempo, correría el riesgo de que la oposición consiga los dos tercios de los votos en ambas cámaras para reafirmar la ley.
En efecto, el jueves pasado, el Senado aprobó la mencionada ley con 61 votos a favor y 8 en contra, superando así los dos tercios de los presentes, lo cual representaría el primer paso hacia una posible revocación del veto presidencial. Si la oposición lograra llevar a cabo esta estrategia, se convertiría en un hito en la historia democrática que comenzó en Argentina tras el fin de la dictadura.
El precedente más reciente de un veto presidencial a una ley similar se dio en 2010, cuando Cristina Kirchner rechazó una normativa que fijaba una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil. La presidenta de aquel momento argumentó su oposición al señalar que “su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del sistema previsional argentino sino del propio Estado”.
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