El Gobierno se reunirá esta semana con los gobernadores en la Casa Rosada para diseñar una estrategia que permita retomar en el Congreso la Ley Ómnibus. Funcionarios del equipo de Javier Milei buscarán nuevamente impulsar proyectos para modificar Ganancias y la fórmula de reforma jubilatoria.
De acuerdo a información obtenida por colegas de Infobae de fuentes gubernamentales implicadas en la nueva estrategia del gobierno libertario para obtener respaldo de los gobernadores, los ministros que liderarán las negociaciones con las provincias consideran que hubo "amplio acuerdo" en las discusiones preliminares sobre la revisión trimestral de los haberes y la propuesta de Impuestos a los Ingresos Personales que afectaría a alrededor de 800 mil empleados.
No se sabe si el texto completo de la segunda versión de la ley ómnibus será o no idéntico a la última versión negociada.
La situación en la Cámara de Diputados condujo a la ruptura de las relaciones entre el gobierno y los bloques opositores dialoguistas, lo que resultó en el fracaso de la ley.
La nueva convocatoria de Milei a una ronda de negociaciones con los gobernadores vuelve a plantear temas y medidas relacionadas con el ajuste fiscal buscado por Luis Caputo, que requieren apoyo en el parlamento. En resumen, el fracaso del primer intento de aprobar la ley ómnibus representó una pérdida para el Poder Ejecutivo equivalente a casi el 1,5% del PBI del ajuste total de 5 puntos del Producto necesario este año, debido a la oportunidad perdida de aumentar en general las retenciones, devolver Ganancias y modificar Bienes Personales.
Persiste la incertidumbre respecto a si el contenido completo de la segunda versión de la ley ómnibus será idéntico o no al último texto negociado en Diputados antes de su retirada por falta de apoyo en la votación. Para ese momento, la iniciativa había sufrido diversos cambios, como la eliminación del traslado de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses al Tesoro. No se ha confirmado si dicho artículo será reintegrado en el próximo intento del Ejecutivo con el proyecto de ley.
Los cambios en Ganancias y jubilaciones "no deberían ser significativos"
En cuanto a la cuarta categoría de Ganancias y jubilaciones, estiman que, a pesar de que fueron afectadas por el fracaso del proyecto, había un grado de acuerdo que podría haberlas impulsado en la cámara baja. Sin embargo, en el Gobierno están precavidos: “Sabemos que puede haber cambios, pero no deberían ser significativos”, mencionaron sobre esos dos proyectos en particular.
Milei convoca a una nueva ronda negociadora a los gobernadores.
En cuanto a la fórmula jubilatoria, durante las discusiones en sesiones extraordinarias, el oficialismo había negociado la eliminación del sistema actual y la adopción de otro que siguiera el curso de la inflación. Sin embargo, había sido objeto de debate entre economistas y líderes políticos si este enfoque implicaría, al implementarse, omitir un mes, lo que resultaría en una pérdida para los ingresos de los jubilados. Esta fue una teoría planteada, por ejemplo, por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que desempeñó un papel fundamental en las discusiones en las comisiones.
“Para los aumentos por inflación que serán otorgados el 1° de abril de 2024 se deberá utilizar el IPC de febrero de 2024, ya que el IPC de marzo 2024 será publicado por el INDEC entre el 10 y el 15 de abril de 2024, es decir, luego de iniciado el ciclo de pagos del mes. En este sentido, se observa que en el empalme entre la fórmula vigente y el nuevo índice no se estaría considerando la inflación de enero 2024″, explicó ese organismo en un informe durante esas semanas de debate parlamentario.
En este sentido, se llegó a la conclusión de que la nueva fórmula continuaría ocasionando una disminución en el poder adquisitivo de los ingresos, aunque sería menos pronunciada que con el sistema actual. “El nuevo índice propuesto por el proyecto de ley, si bien presenta también un desacople con los precios ya que en la práctica tomaría información con dos meses de retraso, al ajustarse de manera mensual y al utilizar información más cercana para su actualización, permite que la pérdida de poder adquisitivo con relación al aumento de precios sea menor a la evidenciada con la fórmula actual”.
Aseguran que la nueva fórmula continuaría ocasionando una disminución en el poder adquisitivo.
“La pérdida del haber real con la formula vigente asciende a 32,2% durante el año 2023, mientras que la simulación de la aplicación de la nueva fórmula a partir del mes de abril de 2023 implicaría una baja de los haberes reales del 22%, lo cual, si bien continúa reflejando una pérdida, en términos comparativos representa una mejora de 10 puntos porcentuales respecto de la formula vigente”, apuntó la OPC, que es dirigida por el economista Gabriel Esterelles.
Las pensiones fueron particularmente afectadas por el proceso de depreciación ocasionado por la rápida inflación. Según la consultora 1816, en enero la disminución en términos reales alcanzó el 30%, mientras que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que aproximadamente un tercio de la reducción presupuestaria en ese mes provino de los recortes en jubilaciones y pensiones.
En el esquema inicial de ajuste fiscal del Gobierno, se proyectaba que las jubilaciones contribuirían con un 0,4% del PBI de los 5 puntos necesarios para lograr la estabilidad económica. Sin embargo, análisis privados muestran cifras diferentes, que se atribuyen al impacto de la inflación al comienzo del año. “En un primer momento el Ministerio de Economía dijo que buscaba una baja del gasto previsional de 0,4 puntos del PBI respecto a 2023. Según nuestras estimaciones, la licuación de haberes durante el primer trimestre y el ajuste mensual desde abril, resultará en una reducción de la partida de jubilaciones y pensiones cercana a 1,3 puntos del PBI”, estimó Analytica.
En lo que respecta a Ganancias, su impacto es principalmente fiscal y afecta a las provincias. De la recaudación total de este impuesto, la distribución entre el gobierno central y los gobiernos provinciales es aproximadamente del 45-55%, lo que se perfila como un aspecto fundamental para resolver las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, especialmente en un contexto de restricción fiscal que ha limitado las transferencias a las provincias en los últimos dos meses. El proyecto presentado por el oficialismo el 23 de enero establecía que el mínimo no imponible de Ganancias era de $1.350.000 de ingresos mensuales.
La distribución de Ganancias entre el gobierno central y los gobiernos provinciales es aproximadamente del 45-55%.
Según un análisis realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), se proyectaba que en 2024 la supresión de la cuarta categoría de Ganancias, aprobada por el Congreso a instancias del exministro de Economía Sergio Massa, tendría un impacto fiscal del 0,83% del PBI. De esta cifra, el 0,35% correspondería a la Nación, mientras que el 0,48% restante estaría distribuido entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La reinstauración de Ganancias se convirtió en un punto de disputa entre las provincias y la Casa Rosada, ya que permitiría al Gobierno recuperar ingresos fiscales, mientras que los gobernadores también obtendrían una parte debido a que este impuesto es compartido, a diferencia del impuesto PAIS y las retenciones.
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