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16 de enero de 2025 - 11:26
Política.

1400 contratos de salud fueron dados de baja: las áreas afectadas

En base a lo planteado, la decisión tuvo lugar a raíz de “la identificación de irregularidades en la contratación del personal durante la gestión anterior".

Redacción de TodoJujuy.com
Por  Redacción de TodoJujuy.com

El Ejecutivo anunció que dará de baja 1400 contratos en entidades y hospitales bajo la órbita del Ministerio de Salud, una decisión relacionada con la reestructuración de esa dependencia estatal. Según informaron a este medio, se trata de contratos dentro del sector público “que se venían renovando trimestralmente”.

El Hospital Dr. René Favaloro.

Los lugares a los que afecta la medida del Ejecutivo

Aunque no brindaron información específica por entidad, indicaron que la medida afecta a los empleados del propio ministerio, el PAMI, el Hospital Español –depende de la obra social de los jubilados y pensionados– y los hospitales nacionales Posadas, Bonaparte, Sommer, René Favaloro y Cuenta Alta, el Instituto Nacional del Cáncer, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Instituto Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps).

La información fue divulgada mediante un anuncio oficial de la Casa Rosada en su cuenta de la plataforma X. “Esta medida se suma al recorte de 30% de cargos políticos realizados durante los primeros días del año y no afecta el normal desarrollo de las funciones de la cartera sanitaria”, escribieron.

Dieron de baja 1400 contratos.

El Ejecutivo respaldó su resolución, argumentando además que “la optimización de los recursos humanos del Ministerio de Salud de la Nación, organismos descentralizados y hospitales nacionales, se realiza en el marco del cambio de sus estructuras y a partir de la identificación de irregularidades en la contratación del personal durante la gestión anterior, a la duplicación de funciones y al incumplimiento de tareas”.

Mencionaron que los recientes cierres y despidos comunicados son el resultado de un proceso llevado a cabo durante 2024, con el objetivo de ordenar y mejorar el uso de los recursos humanos contratados por el Ministerio de Salud y sus entidades dependientes.

“Las medidas implementadas buscan garantizar la transparencia en la gestión y avanzar en una de las directrices principales del Ministerio de Salud de la Nación que apunta a ser eficientes y cuidar los recursos de todos los argentinos”, finalizaron en el comunicado por la cuenta oficial de X.

Edificio del Ministerio de Salud.

Reestructuración

En octubre del año anterior, el Ejecutivo dio a conocer una estrategia para reorganizar el Hospital Laura Bonaparte, lo que provocó una respuesta enérgica por parte de sus empleados y de los sindicatos públicos, quienes acusaron al gobierno de querer clausurar el centro de salud mental. La manifestación llegó hasta la sede del Gobierno, donde posteriormente se informó sobre la creación de una "mesa de trabajo" con los trabajadores y se desmintió el cierre de la institución.

Luego, se sumó la resolución del titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, de destituir a los miembros del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, tras su determinación de otorgar un bono adicional de $500.000 a todo el personal. Esta decisión causó gran confusión dentro de la institución, luego de una serie de acciones relacionadas con demandas por aumentos salariales.

A finales de noviembre del año pasado, desde el Ministerio de Salud confirmaron a colegas de La Nación que el Gobierno había tomado la decisión de transferir la administración de los hospitales nacionales al sector privado. Según indicaron, su implementación sería un proceso gradual que comenzaría en este año.

El Gobierno anuncia una poda de 1400 contratos en Salud.

El Hospital Garrahan sería el único bajo la gestión directa del Ministerio de Salud, al menos en un primer momento. Los demás centros hospitalarios, situados en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, continuarían bajo el ámbito nacional, pero serían administrados de forma privada. Según las autoridades, en ese momento se encontraban evaluando diferentes alternativas, en conjunto con negociaciones con entidades que habían mostrado interés en participar.

La opción de transferir esos hospitales a las jurisdicciones correspondientes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Cruz) no tuvo éxito, ya que las autoridades de esos tres territorios rechazaron la idea o pidieron que se llevara a cabo solo si se incluían los recursos financiados por el Estado Nacional. Según la proyección presupuestaria para el año 2025, el mantenimiento de estos centros de salud requiere una inversión superior a los $308.416 millones por parte del gobierno nacional.

Todas las quejas que tiene la gente tienen razón. Los que dicen que los médicos ganan poco tienen razón o los que dicen que los enfermeros ganan poco también tienen razón porque lo que no hay es plata. Se la van robando de a poquito todos los meses un grupo de gente a través de, por ejemplo, las tercerizaciones de las obras sociales,” expresó Lugones, ministro de Salud de la Nación, en relación con contratos analizados en la Superintendencia de Servicios de Salud durante una reunión organizada el año pasado en La Rural por la Sociedad Argentina de Cardiología.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

Al hablar sobre el Hospital Bonaparte, el funcionario comentó que “por la cantidad de camas que tiene y de consultas que atiende, si lo contrata IOMA [la obra social de la provincia de Buenos Aires] sale $108 millones por mes y si lo hace una obra social, alrededor de $250 millones. Si lo contrata OSDE, costaría $340 millones y, en forma privada, $650 millones. ¿Saben cuánto cobran por mes? $1600 millones. Hay gente que se está llevando la plata y no son los médicos ni los enfermeros. El dinero está, pero no donde la están buscando. Está en otro lado.”

Denuncia

Hace aproximadamente un mes, los directivos del Sommer presentaron una denuncia penal contra la Asociación de Internados de ese hospital por “manejos espurios y arbitrarios en la gestión de las viviendas asistenciales construidas dentro del predio del establecimiento”. En dicho hospital, se habría dado de baja a 150 empleados contratados como parte de la medida anunciada hoy, y se espera que esta cifra alcance los 400 para el próximo mes de marzo, según informaron los sindicatos que representan a los trabajadores del sector público nacional.

En octubre pasado, el Gobierno anunció un plan de reestructuración del Hospital Laura Bonaparte, que generó una fuerte reacción de sus trabajadores y de los gremios estatales.

“El proceso de refuncionalización responde a las nuevas competencias del Ministerio y el redireccionamiento de las políticas sanitarias. Se detectaron varias situaciones de irregularidad vinculadas a la duplicación de funciones, el incumplimiento de tareas y la contratación de personal durante la gestión anterior. Una de las directrices principales [del Ministerio] es ser eficientes y cuidar los recursos de todos los argentinos,” enumeraron desde la cartera sanitaria.

También se informó que tanto el Ministerio como sus entidades vinculadas habían comenzado a comunicar al personal sobre la no renovación de los contratos. “No se resienten servicios en ningún organismo –sostuvieron ante la consulta de colegas de La Nación sobre esa posibilidad dada la cantidad alcanzada por la decisión oficial–. Las posibilidades de contrataciones dependen de cada organismo y tendrán que estar en relación al decreto que prevé que cada tres bajas, se pueda incorporar un trabajador.”

La medida encendió las alarmas en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Este último sindicato, más confrontativo, dio a conocer “un plan de lucha” en respuesta a lo que consideran despidos injustificados y, al mismo tiempo, acusó de “precarias condiciones de contratación que ningún gobierno corrigió”. Este es un reclamo que los sindicatos y el personal del Hospital Posadas han venido planteando durante años, ya que esta situación no garantiza la estabilidad laboral y afecta tanto a profesionales como a técnicos por igual.

La decisión puso en pie de alerta a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Hace 14 días, el titular de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sostuvo que su homólogo nacional había cerrado departamentos esenciales para la administración del sistema de salud, así como coordinaciones que ocupaban puestos de carácter político. Kreplak mencionó las direcciones de Géneros y Diversidad; Recursos Físicos; Municipios y Comunidades Saludables; Investigación en Salud; Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo; Integración del Sistema de Salud; Equipamiento Médico y Arquitectura Sanitaria; Salud Familiar; Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse); Uso Apropiado de Antimicrobianos; Zoonosis; Tuberculosis y Lepra; Hepatitis Virales; Integración de Información Sanitaria y de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios. Lo cierto es que, en el nuevo organigrama, gran parte de esas funciones se fusionaron con otras áreas –y habrá que ver cómo operan– o cambiaron de nombre, como la Dadse.

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