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SUSCRIBITELa decisión se tomó ante el crecimiento de casos de juego problemático entre adolescentes y apunta a ampliar las medidas de prevención y concientización.
El Gobierno sumó la ludopatía y el consumo de sustancias como problemáticas prioritarias de salud pública.
El Gobierno nacional introdujo cambios en la Ley de Ministerios N° 22.520 con el objetivo de reorganizar determinadas atribuciones de la administración pública vinculadas con la salud y la alimentación. Dentro de los cambios contemplados, se incorporó el desarrollo y la implementación de políticas destinadas a la prevención y atención de la ludopatía y el consumo de sustancias.
A través del Decreto N° 771/2026, difundido en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei modificó el antiguo inciso 20 del artículo 23 del Título V de la normativa para incorporar de manera explícita entre las atribuciones estatales el desarrollo y la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a prevenir y abordar el consumo de sustancias psicoactivas.
En relación con el crecimiento de la ludopatía asociada a los juegos de azar y las apuestas, la normativa contempló además la implementación de acciones orientadas a la prevención y sensibilización, junto con iniciativas de formación, investigación y atención integral de esta problemática.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la decisión del Estado de modificar su estrategia de abordaje estuvo relacionada con el incremento de situaciones de ludopatía registradas entre alumnos de escuelas secundarias durante 2025. Los datos surgieron de un relevamiento elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, organismo que depende del Ministerio de Salud.
El relevamiento determinó que más del 25% de los estudiantes aseguró haber realizado apuestas de dinero en los últimos doce meses, con una presencia especialmente marcada en aquellas modalidades efectuadas a través de plataformas y entornos digitales.
A partir de estos resultados, las autoridades señalaron que el escenario actual requiere reforzar los recursos institucionales destinados a impulsar estrategias de prevención, generar campañas de sensibilización, reunir información y evidencia, capacitar a los profesionales de la salud y ampliar los espacios de atención especializados.
La ludopatía está considerada por la comunidad médica y científica como un trastorno, cuya principal característica es la dificultad para controlar la conducta relacionada con el juego. Se trata de una problemática que puede mantenerse a pesar de las consecuencias perjudiciales y que, con el tiempo, puede generar un deterioro en la salud mental, las finanzas personales y familiares, los vínculos sociales y el rendimiento académico o laboral.
Luego de señalar que esta problemática comparte características con otras formas de consumo compulsivo, tanto por la manera en que puede desarrollarse como por los recursos de prevención, tratamiento y acompañamiento necesarios para enfrentarla, las autoridades destacaron que “la prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas constituyen intervenciones propias de las políticas públicas de salud”.
En otro orden, las autoridades señalaron que, frente a la necesidad de reforzar la supervisión y regulación en materia sanitaria, junto con el diseño y la aplicación de políticas públicas destinadas a atender nuevos desafíos sociales y de salud, los ministerios correspondientes tendrán atribuciones más amplias y adecuadas al escenario actual. Estas facultades comprenderán distintos ámbitos, que irán desde la actividad alimentaria hasta el sector farmacéutico.
“Corresponde que el Ministerio de Salud ejerza la rectoría sanitaria y normatización en materia de salud alimentaria, con el objeto de que las políticas públicas relacionadas con los alimentos se orienten prioritariamente a la protección y promoción de la salud de la población”, sostuvieron.
En ese mismo sentido, se implementarán controles sanitarios sobre las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, además de establecer procedimientos para la regulación, inscripción y supervisión de las condiciones sanitarias, higiénicas y de seguridad alimentaria de los productos provenientes de estas actividades, incluidos sus subproductos y derivados.
La normativa contempla de manera específica a las bebidas, las aguas minerales, los productos dietéticos y los alimentos acondicionados, sin importar cuál sea su procedencia. Asimismo, comprende los insumos, aditivos, colorantes, edulcorantes y demás ingredientes destinados al consumo humano, considerando todas las fases de su recorrido: desde la elaboración y el procesamiento hasta el almacenamiento, traslado, venta, importación y exportación.
Asimismo, se estableció que el Estado tendrá participación en la supervisión de los procesos vinculados con la fabricación, distribución y venta de medicamentos, productos biológicos, drogas, plantas medicinales y equipamiento médico.
De acuerdo con lo dispuesto por el decreto, estas tareas deberán desarrollarse en articulación con los ministerios correspondientes e incluirán la identificación de sustancias cuyo uso esté prohibido o sujeto a restricciones en artículos de higiene, cuidado personal, cosmética y productos destinados al ámbito doméstico.
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