Cristina Kirchner, ante la Corte Suprema por el memorándum y los hoteles

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Cristina Kirchner y el memorándum con Irán

El proceso relacionado con la rúbrica del memorándum se originó a raíz de una denuncia presentada por el difunto fiscal Alberto Nisman. En su denuncia, Nisman alegó que el acuerdo tenía como objetivo eliminar las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados en relación al atentado contra la AMIA. No obstante, Interpol negó categóricamente que esto haya ocurrido. Junto a la vicepresidenta, se encuentran imputados en esta causa el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, el ministro de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, entre otros.

En ambos eventos, los tribunales orales absolvieron a los imputados. Sin embargo, en septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, anularon dicho veredicto y dispusieron la realización de los juicios orales. La única excepción en este caso fue la situación de Florencia Kirchner, cuyo sobreseimiento fue ratificado por la Casación.

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Los equipos legales interpusieron recursos de apelación con la intención de llevar el caso ante la Corte Suprema, no obstante, la Cámara de Casación desestimó estas objeciones. En consecuencia, las partes involucradas se vieron obligadas a recurrir al tribunal supremo mediante un mecanismo conocido como "recurso de queja", el cual fue empleado por la defensa de la vicepresidenta en ambas causas.

Los abogados de Cristina critican las resoluciones de Casación

Los representantes legales de Cristina Kirchner indicaron en los documentos que la Corte Suprema debe abocarse al asunto debido a que la decisión de Casación constituye una “sentencia definitiva, pues irroga un gravamen de imposible, tardía o insuficiente reparación ulterior” si el máximo tribunal no interviene.

La defensa argumentó que las resoluciones de Casación son caprichosas, resultan en una prolongación injustificada del procedimiento actual y transgreden el límite de tiempo razonable en casos que ya llevan ocho y nueve años en curso.

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“Cabe enfatizar que esta arbitraria decisión irroga perjuicios que no se limitan a la faz procesal, sino además se proyectan en otros ámbitos, con motivo de la indebida utilización de estas actuaciones por parte de terceros para alimentar una campaña de persecución en contra de nuestros representados, en particular, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvieron los defensores.

En otra instancia, se objetó que las resoluciones de Casación fueran emitidas por dos magistrados, Barroetaveña y Petrone, sin la participación de un tercero. Se esperaba que la jueza Ana María Figueroa, quien fue destituida por la Corte Suprema debido a que alcanzó la edad límite de 75 años estipulada en la Constitución, ocupara este papel. Durante la ausencia de la jueza en el cargo, se tomaron las decisiones que ordenaron la realización de los juicios. Posteriormente, el Senado otorgó su aprobación para que continuara en funciones por un período adicional de cinco años.

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El Tribunal no se construyó "en legal forma"

“Se vulneró la garantía del juez natural, pues la resolución que revocó el sobreseimiento de nuestros representados fue dictada por un Tribunal que no se constituyó en legal forma, ya que no se convocó a un tercer magistrado para deliberar y emitir sentencia”, señaló la defensa. También subrayaron que la legislación permite a Casación emitir un veredicto con solo dos votos, pero “no les acuerda a los magistrados una prerrogativa discrecional para acotar el marco de deliberación y así excluir del debate a un tercer juez”.

A su vez, destacaron que cuando Casación rechazó la posibilidad de que ambos casos llegaran a la Corte, la resolución contó con la firma de tres jueces.

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“Además de todas las circunstancias expuestas precedentemente, acude en la especie un caso inequívoco de gravedad institucional que también corrobora la pertinencia del presente recurso, dadas las implicancias de este proceso y su trascendencia pública”, concluyó la defensa.

En la actualidad, la Corte se encuentra ante la decisión de determinar si acepta abordar estos asuntos. Debido a los plazos inherentes al tribunal supremo, compuesto por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, no se anticipa que esto suceda durante el presente año, sino más bien a partir de 2024, cuando Cristina Kirchner ya no ocupe la vicepresidencia, cargo que abandonará el próximo 10 de diciembre, y no detente cargos públicos.

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La Corte tiene más de un asunto en espera relacionado con la ex presidenta. Debe decidir si ratifica la absolución de Cristina Kirchner en el caso de las operaciones de dólar a futuro.