Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia
La tensión entre el Gobierno y el mundo financiero sumó un nuevo capítulo con la denuncia presentada contra el financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Según la presentación realizada por la Administración Tributaria (ARCA) y la DGI, Vallejo está acusado de presunto lavado de dinero y evasión impositiva a través de maniobras millonarias por $3.327 millones y movimientos por $818.000 millones
De acuerdo al expediente, el fisco reclama a Sur Finanzas una suma de $3.327.267.047,93 en concepto de impuestos no ingresados. La acusación sostiene que la empresa no detrajo de las transferencias de sus clientes el impuesto correspondiente, configurando así un hecho de evasión impositiva.
Tapia
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó este jueves que los futbolistas del torneo local no serán convocados para el amistoso que la Selección argentina jugará el próximo viernes 14 ante Angola en la ciudad de Luanda como preparación con miras al Mundial 2026.
La denuncia también detalla que, a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, se habrían canalizado transferencias por un total de $818.000.000.000. La DGI observó que entre quienes movieron esos fondos figuran contribuyentes no categorizados, sujetos apócrifos y monotributistas de escasa capacidad económica para manejar montos de ese volumen, lo que encendió las alarmas de los organismos de control.
El rol de la billetera virtual y las empresas apócrifas
En su presentación, ARCA describió que la firma SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, con un funcionamiento similar al de una cuenta corriente: permite transferir dinero, recibir fondos desde otras billeteras y desde cuentas bancarias propias o de terceros. En los hechos, la aplicación funciona como intermediaria de movimientos financieros entre múltiples actores.
El Gobierno también señaló que al menos 26 empresas operaron a través de la plataforma de Sur Finanzas, y que esas firmas figuran en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA. Este punto choca con las disposiciones del Banco Central, que prohíben a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) brindar servicios a personas o empresas incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables.
Sospechas de lavado de activos y pedido de medidas urgentes
En la denuncia, el Ejecutivo sostiene que Sur Finanzas “se encuentra en lo que parecería una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos apócrifos, sujetos no categorizados y personas humanas sin capacidad económica, para mover virtualmente los millonarios montos detectados”. Sobre esa base, ARCA manifestó sospechas sobre la presunta ilicitud de los fondos y pidió que se investigue el delito de lavado de dinero.
La DGI, por su parte, reclamó que se adopten medidas de prueba de manera urgente. Entre ellas, solicitó allanamientos, embargos, inhibición general de bienes de los presuntos autores de las maniobras y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave en el seguimiento de operaciones sospechosas.
Ahora será la Justicia la que deberá evaluar la documentación aportada por ARCA y la DGI, determinar el alcance de las maniobras denunciadas y definir si las operaciones de Sur Finanzas y de las empresas involucradas efectivamente encuadran en los delitos de evasión impositiva y lavado de activos.