El conflicto judicial por la expropiación de YPF sumó una intervención de alto perfil. Esta mañana se conoció que la administración del presidente Donald Trump presentó un documento ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York respaldando el pedido de Argentina para frenar la ejecución del fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del litigio.
La presentación se formalizó bajo la figura de amicus curiae, mecanismo que permite a terceros con interés legítimo aportar su visión jurídica en un caso. En este caso, el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense refuerza la estrategia argentina para evitar que se concrete la orden de entrega mientras se tramita la apelación.
Un documento con argumentos de fondo
El texto remitido por el gobierno estadounidense se apoya en seis ejes centrales que buscan justificar la necesidad de suspender el cumplimiento inmediato del fallo de la jueza Loretta Preska. Entre ellos, se destaca el principio de inmunidad soberana, que protege los activos estatales frente a embargos u órdenes de ejecución.
“El control de una empresa estratégica no puede alterarse mientras la apelación está en curso”, señala el planteo, que también advierte sobre el riesgo de daño irreparable para la Argentina si se avanza con la entrega de las acciones antes de una sentencia definitiva.
Por qué Estados Unidos intervino
La administración Trump consideró que el caso involucra cuestiones de interés sustancial para su política exterior, ya que podría sentar un precedente problemático sobre el alcance de la jurisdicción de los tribunales norteamericanos sobre bienes de otros Estados.
También apuntó que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) sigue vigente y que, en este caso, no se justifica la ejecución sobre activos soberanos. Según su interpretación, el Congreso de EE.UU. no ha eliminado esa protección en casos como el que enfrenta Argentina, lo cual refuerza la postura del país en la causa.
Qué puede pasar ahora
La Corte de Apelaciones deberá decidir si mantiene la suspensión que dictó la semana pasada o si permite avanzar con la orden de entrega. Se espera una definición antes de fin de julio. Por ahora, la decisión de Preska —que ordenaba transferir las acciones de YPF como parte del cumplimiento del fallo de USD 16.000 millones— está en pausa.
El apoyo formal de Estados Unidos representa un gesto diplomático y jurídico significativo, aunque no vinculante. Si bien los jueces no están obligados a seguir las recomendaciones de un amicus, su peso político y legal puede influir en el análisis del tribunal.
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