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SUSCRIBITE El estado argentino adquirió el 51% de YPF en el año 2012.
Después de un período de ocho años de expectativa, el día miércoles marcó el inicio del juicio presidido por la jueza Loretta Preska. En este proceso se determinará la suma que el Estado argentino deberá abonar por la adquisición del 51% de YPF en el año 2012.
“Hoy empieza el juicio de 3 días que decidirá cuánto deberemos pagar todos los argentinos, porque nuestro Congreso decidió expropiar YPF sin respetar su Estatuto. El rango ya fue establecido por ambas partes: US$ 4.999 millones a US$ 16.100 millones”, expresó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el tema, a través de su cuenta de Twitter.
“¿Por qué es tan importante el juicio que comienza mañana? Porque de los USD 16.100 millones que Argentina podría pagar por la expropiación de YPF, USD 7.600 millones dependen de la tasa de interés aplicable que la jueza Preska decidirá: entre 0% y 8%”, señaló Maril.
En el mes de marzo anterior, la magistrada Loretta Preska, perteneciente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, emitió un veredicto en beneficio del fondo Burford Capital. Este último, en abril de 2015, obtuvo los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, originario de Argentina.
A lo largo de ese período, la causa fue asumida por dos magistrados, Thomas Griesa (2015-2016) y Loretta Preska (2016-hasta la fecha actual). Asimismo, transitó por tres instancias judiciales (NYSD, Segundo Circuito, SCOTUS) y se obtuvieron cinco fallos significativos en los años 2016, 2018, 2019, 2020 y 2023.
Además, Argentina presentó un recurso de certiorari, es decir, una solicitud de revisión de las resoluciones de los tribunales inferiores, ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 2019; sin embargo, dicho tribunal supremo denegó el examen del caso.
En su dictamen, Preska argumentó que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”.
A su vez, destacó que “la República prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”
En esta situación, el gobierno de Argentina deberá compensar a la empresa Burford Capital, y en estos días cruciales se determinará la suma a pagar.
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