El Defensor del Pueblo, Javier de Bedia, explicó los motivos de la determinación en virtud de la resolución 138 del Colegio de Abogados, “se nos insta a dejar de prestar el servicio porque consideran que hay una competencia desleal, que va en desmedro de la economía de los abogados y que es una cuestión que no corresponde a la defensoría, por ello nos instaron a no brindar más el servicio de reparación histórica con convenio”.
De Bedia remarcó que “la Constitución en el artículo 49 obliga a velar por los derechos en la ancianidad, pero a fin de no entrar en una cuestión litigiosa con el Colegio de Abogados he decidido suspender este beneficio gratuito que hacía la Defensoría, se trata de una cuestión de pesos”.
No se conoce si la suspensión es temporal o definitiva, “depende de que el Colegio de Abogados acepte y no anteponga intereses económicos sobre los intereses de la sociedad y ancianidad”.
“De igual manera vamos a seguir asesorando, consiguiendo turnos y viendo lo que les haga falta a los jubilados”, concluyó.
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