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Las denuncias recibidas durante el año 2015 son un poco más del 3% del total de áreas de las trabajadas por la Defensoría del Pueblo. Esos reclamos están directamente relacionados con la cobertura de ciertas patologías y, fundamentalmente, con la cobertura para personas con discapacidad.
Los datos oficiales correspondientes al 2016, desde el primer día de este año hasta el 10 de este mes, marcan una clara disconformidad de los usuarios sobre la cobertura médica, principal causa de consulta y queja con casi un 45 % de los reclamos; seguido por las adhesiones a familiares y ubicándose tercera en las consultas más comunes la cobertura de los medicamentos.
Si bien es cierto que la mayoría de las quejas son en Casa Central de la Defensoria con un porcentaje de casi el 70 %, los reclamos son muy similares en todas las delegaciones del interior. Otros rubros que generan la disconformidad de los afiliados de obras sociales y prepagas son por la demora en la entrega de prótesis y ortopedia; por baja de beneficios y también por reintegros.
En la provincia funcionan 220 Obras Sociales Nacionales y más del 32% de la población se encuentra bajo la cobertura de Obras Sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud. De acuerdo a los datos suministrados por el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, más de 800 profesionales prestan servicio en la provincia.
Recientemente se habilitó la sede en Jujuy de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde también se manejan estadísticas y se recepcionan quejas de los usuarios por las imperfecciones que tienen sus obras sociales. La Defensoría del Consumidor también lo hace, pero fueron muy pocas las denuncias presentadas durante el 2015 y en lo que va del 2016.
Un dato para tener en cuenta marca que la ley obliga a los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS), a aceptar a las personas con enfermedades preexistentes, otro de las denuncias de los jujeños. También vale aclarar que la normativa excluye a las obras sociales sindicales, cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, que están comprendidas en otras normativas.
El nuevo marco regulatorio obliga al sistema privado a disponer de planes de cobertura médico-asistencial y del Programa Médico Obligatorio, así como también a brindar prestaciones básicas para personas con discapacidad.
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