Esta presentación permitiría adecuar la reglamentación a los pactos y tratados internacionales a los cuales la Argentina se encuentra adherida desde 1994.
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SUSCRIBITEEsta presentación permitiría adecuar la reglamentación a los pactos y tratados internacionales a los cuales la Argentina se encuentra adherida desde 1994.
El Dr. Luis Canedi, presidente del Colegio de Abogados emitió su opinión respecto a la presentación que realizó el ejecutivo nacional hace unos días.
En este aspecto resaltó, que esto permitiría “cambiar de un sistema de corte inquisitivo o mixto a un corte acusatorio”.
Lo cual significa que “la primera carga investigativa queda en manos del fiscal, brindándole a la víctima la posibilidad de tomar intervención en el proceso y hacer valer sus derechos, a la vez colaborando en la etapa preparatoria”.
A su vez, el proceso pleno, es decir el juicio, se ajustaría a tiempos más acotados porque es sabido que “la Justicia que no llega en tiempos cortos, es injusta”.
De esta forma existirían nuevos plazos para la etapa de instrucción preparatoria que no superarán el año y a la vez para el pronunciamiento, no más de tres años. En el caso de delitos complejos se duplicarían los plazos.
“No hay cambios buenos, ni malos. Ni tampoco hay que tenerle miedo a los cambios. El derecho es dinámico y debe acompañar los cambios de la sociedad”, explicó Canedi.
Este cambio es novedoso para la Nación, no así para la provincia que tiene este sistema del el año 2009.
“Las partes, víctima y acusación están en pie de igualdad en la etapa de investigación y ello significa la facultad de colaboración precisa e importante”, agregó Canedi.
Además si este proyecto se aprobará, se dotaría al sistema judicial de una mayor cantidad de fiscales y defensores. Finalmente, el presidente del colegio de abogados explicó que desde su postura es importante resaltar que los dos grandes cambios son la disminución de los tiempos y la igualdad de partes.
Es importante destacar que el nuevo Código prevé además la expulsión de extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su situación migratoria y son sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito. Esta medida se da como condición de la suspensión del juicio a prueba.
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