La diputada provincial del Partido Justicialista, Alejandra Cejas, denunció al ministro de la Producción de la provincia, Jorge Abud Robles, por supuesta incompatibilidad de funciones al ser miembro del directorio de YPF.

“Tiene dos cargos y él lo ratificó. Lo prohíbe la Constitución Provincial, por eso presentamos la denuncia y pedimos que se presente a la Legislatura a informar su vinculación con YPF y el Gobierno porque hay una colisión de intereses”, dijo la diputada en diálogo con TodoJujuy.com.

Además, aseguró que ya fue citada por el fiscal Aldo Lozano para ratificar su denuncia. “Me presentaré hoy para ratificar y ampliar mis dichos”, indicó Cejas.

Por último, destacó que Abud Robles “cobra un salario por las funciones que lleva y estaría percibieron otros 250 mil pesos aproximadamente en la empresa petrolera”. “Calculamos que está recibiendo $350 mil en mano”, explicó.

“Tiene que informar a Jujuy sobre lo que hace y sus funciones en la empresa en relación a la provincia porque se trata de una empresa privada con carácter estatal, no puede acumular otro cargo del que fue designado”, finalizó Alejandra Cejas.

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Al respecto, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, subrayó que desde esa entidad no se hizo el planteo porque “entendimos que no hay incompatibilidad”.

“Hoy en día hay por lo menos seis provincias que tienen a un ministro o legislador del Mercosur con el cargo de director”, aseguró.

Además, explicó que “no hay incompatibilidad en la Constitución entre un empleado público y un miembro de una sociedad anónima, que es quien está pagando estos honorarios, lo que lo diferencia con el sueldo de ministro”.

“Sugerí al Ministro que gire todo a la Oficina Anticorrupción y la fiscalía de Estado, más allá de lo que le corresponde presentar ante la Justicia por la denuncia”, finalizó Miranda.

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El ministro Juan Carlos Abud Robles, por su lado, indicó que “cuando se sancionó la Ley de soberanía de hidrocarburos lo que se hizo fue tomar una decisión estratégica de la creación de empleos del fortalecimiento de la actividad para el desarrollo como es el objetivo que tiene el Gobierno de la provincia.

“No hay conflicto de intereses. La Oficina Anticorrupción de la Nación indica que esto implica representar al Estado en sus propios intereses”, finalizó.

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