Mariano Miranda, fiscal de Estado, señaló que el Estado provincial se presentó como querellante adhesivo “en las causas por las denuncias que hemos hecho por defraudación al Estado y asociación ilícita en relación al faltante de 29 millones de pesos y al otro faltante de un millón quinientos mil pesos”.
En ese sentido, y por las mismas causas, indicó que se han solicitado “medidas probatorias a los fines de acreditar los puntos denunciados durante la semana anterior”. Consultado sobre quiénes serían esas personas y las medidas probatorias, no dio precisiones sobre los nombres pero aclaró que “estamos pidiendo la ampliación de la imputación a nuevas personas”. Se trata de intermediarios que “creemos que han intervenido en la intermediación entre los fondos públicos y la Tupac Amaru. Concretamente en el desvío de los fondos utilizando indebidamente una cooperativa para cobrar fondos pertenecientes a obra pública que nunca se ha hecho”.
Los nombres ya fueron puestos a disposición de la Justicia, y corresponde al Poder Judicial decidir si son llamados a declarar como testigos. Se trata de “miembros de cooperativas vinculadas al círculo íntimo de la Tupac Amaru. De hecho, esos miembros de las cooperativas tienen domicilio en Alvear 1152, que es donde está la sede de la Tupac Amaru”, finalizó.
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