El proyecto fue presentado por la legisladora Patricia Armella, quien comentó que “la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, hace protección notoria a los trabajadores, expresando que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”.
Refirió que la violencia laboral vulnera el derecho al trabajo, a la salud, y a la seguridad; implicando una práctica notoriamente violatoria de la dignidad humana que provoca consecuencias sumamente perjudiciales sobre la integridad y el rendimiento de las personas.
En este marco, la legisladora sostuvo que “las situaciones que constituyen los fenómenos autónomos de violencia laboral más importantes por su alarmante grado de extensión son tres, la discriminación, el acoso sexual y el mobbing, que hace referencia al acoso laboral o acoso moral en los lugares de trabajo”.
Más adelante, la diputada justicialista manifestó que “el proyecto en cuestión fue formulado a los efectos de operativizar la obligación estatal de garantizar a todos los ciudadanos una respuesta a la problemática de quienes sufren violencia laboral en el ámbito de las relaciones laborales del sector público de la provincia de Jujuy.
Por último, consideró que será importante el acompañamiento que pueda recoger la iniciativa dentro del cuerpo parlamentario, “porque será un instrumento que permitirá contar con una política preventiva e integrada en la provincia”.
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