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Debutó finalmente el llamado "sistema acusatorio" contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal. Se puso en marcha en Salta y Jujuy, las dos primeras provincias donde rige ya el nuevo régimen procesal para delitos federales. En los próximos cinco años comenzará a aplicarse por etapas en las distintas regiones del país.

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A partir de la cero hora de ayer lunes 10, cualquier hecho delictivo o proceso iniciado en alguna de estas dos provincias, que involucre delitos como narcotráfico, contrabando, trata de personas o lavado de dinero, pasó a ser investigado y llevado a juicio con el nuevo sistema procesal federal.

Desde ahora, cuando la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o las Policías Provinciales realicen un operativo, por ejemplo de drogas, deben avisarle a un fiscal –en lugar de a un juez-, y será el representante del Ministerio Público Fiscal quien iniciará y dirigirá la investigación.

Esto es así porque el principal cambio del nuevo Código es que la investigación de los delitos quedará a cargo exclusivamente de los fiscales, quienes promoverán la acción penal.

Los jueces intervendrán para garantizar que se cumpla la ley y las garantías durante todo el proceso, la validez de las pruebas y la acusación, y deberán resolver los casos en una audiencia oral y pública.

Esto implica en la práctica que los magistrados federales "perderán poder" en el trámite del proceso y que los fiscales serán los responsables -en forma autónoma- de las investigaciones, tal como sucede, por ejemplo, en Brasil, donde el Ministerio Público Fiscal de ese país condujo la investigación del Lava Jato.

No obstante – según explicó Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal de Nación – "todas las medidas que impliquen limitaciones a los derechos personales –como allanamientos, secuestros de posibles pruebas o bienes- deberán seguir siendo autorizadas por un magistrado". También en caso de que haya detenidos, el fiscal debe informarle al juez inmediatamente.

Una de las consecuencias para la sociedad de la entrada en vigencia del nuevo código será la llegada a una sentencia – o sobreseimiento- más rápido.

La oralidad de los procedimientos penales redundará en juicios más ágiles y sencillos. Se reducirán los tiempos y los casos no demorarán hasta 14 años, como viene sucediendo hasta ahora.

El nuevo Código establece que todo el proceso penal, a partir de la formalización de la investigación, podrá demorar como máximo tres años cuando se trate de casos comunes, y seis cuando se trate de casos complejos.

Para avanzar con mayor rapidez en las investigaciones, será posible conformar equipos interdisciplinarios de fiscales federales con fiscales de instrucción provinciales, cuando por ejemplo, un delito ordinario tiene conexión con un delito federal, o con diferentes áreas especializadas de la Procuración General de la Nación. También podrán coordinarse tareas con las fuerzas de seguridad y autoridades de diversas jurisdicciones. "La idea es contar con más herramientas y técnicas de investigación", afirmó Benítez.

División de roles

El nuevo régimen acusatorio apunta a una división más clara de roles, para así resguardar la imparcialidad del juez. El fiscal estará a cargo de direccionar la investigación y buscar las pruebas que considere necesarias para llevar al juicio oral. Hoy, los jueces federales pueden delegar la investigación en los fiscales, o elegir llevarla adelante ellos mismos.

En caso de que haya detenidos en un procedimiento, el fiscal debe informar inmediatamente al juez y pedir una audiencia de imputación para el control de la detención, que deberá realizarse en 48 hs para informarle al acusado de qué se lo imputa. Si no hay detenidos, esta audiencia se debe realizar en un plazo de 15 días.

A modo de ejemplo, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, relató a Infobae que en el simulacro que se hizo el viernes pasado para probar el nuevo sistema en Salta, "la aplicación del nuevo Código permitió que una audiencia terminara en 34 minutos".

El fiscal de Instrucción salteño Eduardo Villaba, en tanto, destacó que "se trata de un sistema oral, más transparente donde la comunidad va a poder saber los casos que se están juzgando".

Participación de las víctimas

"Con el nuevo sistema, la víctima tiene un papel mucho preponderante", advirtió su colega Federico Zurueta, fiscal Federal Nº 2 de Jujuy. En este sentido, el nuevo Código va en línea con la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Críticas opositoras

Desde la oposición, sin embargo, plantearon dudas sobre la disponibilidad de los recursos necesarios para una puesta efectiva del nuevo Código, y la capacitación del personal del Ministerio Público Fiscal.

Implementación progresiva

El nuevo Código Procesal Penal fue sancionado a fines de 2014, pero no entró en vigencia en ese momento. El nuevo texto ordenado, con las incorporaciones dispuestas por la ley de flagrancia y nuevas modificaciones, se aprobó recién en febrero de este año bajo el número de ley 27.482.

Se incorporaron las figuras del arrepentido y el agente encubierto, el régimen de responsabilidad penal empresaria y el de ejecución de la pena, sancionadas en los últimos años por distintas leyes.

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