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La ley, que pierde vigencia el 23 de noviembre próximo, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de los Pueblos Originarios y será la herramienta que permita evitar desalojos de las comunidades.
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También ordena el relevamiento de las comunidades para determinar la cantidad de hectáreas y de familias indígenas que están en territorio en su posición ancestral.
Néstor Gerez dijo que hay vulneración de derechos para 350 comunidades y más de 10 pueblos originarios: “Hay 2000 comunidades en Argentina que quedaremos expuestos a los desalojos”, comentó el representante de Ocloyas.
En una anterior sesión de los senadores, fracasó el tratamiento del proyecto y se votó preferencia para su tratamiento en la próxima sesión: “Esperamos que en la sesión de preferencia del 27 se apruebe. La cuestión de fondo es que se nos de los títulos de las tierras”, contó.
Existen más de 100 comunidades relevadas en Jujuy, pero quedan otra cantidad “que esperan por la aplicación de la ley”, dijo Gerez.
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