Organismos como los de la seguridad social o de la obra social provincial son los principales damnificados por la irregularidad de la creación de aportes no remunerativos. Tanto la ANSES como el ISJ reciben un 10 por ciento de los que recibe el empleado en blanco, como aportes remunerativos. Por un empleado que por ejemplo, cobra 20 mil pesos, entre el Estado y el trabajador deberían aportar 2 mil pesos a la Anses y al Instituto de Seguros. Sin embargo, tiene como sueldo básico 2000 mil pesos, los otros 18 mil son aportes no remunerativos, y las instituciones reciben 10 veces menos de lo que deberían.
En la actividad privada sería insostenible defender el pago de estos conceptos sin hacer las contribuciones correspondientes, pero sin embargo el Estado lo hace en una absoluta irregularidad.
Hoy se hace imperativo buscar algún tipo de normalización de esta situación. Existen denuncias penales, que si bien es cierto que tienen un condimento más político que jurídico, no es menos cierto que algún juez podría tomarla. Fueron hechas contra el ex gobernador Eduardo Fellner, pero al persistir la irregularidad podrían caberle también al gobernador Gerardo Morales.
Como ejemplo podemos citar la realizada en marzo de 2014 por la entonces diputada provincial, hoy ministra de educación, Isolda Calsina, por evasión agravada y supuesta apropiación indebida de recursos de la seguridad social; o la más reciente, presentada por Miguel Ángel Cabezas, como ciudadano, por los aportes al ISJ.
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