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En el marco de las denuncias por “malversación de caudales públicos y falsedad ideológica de instrumentos públicos” contra el titular de la Comisión Municipal de Valle Grande, René Tolaba, se pidió la investigación jurisdiccional contra el mencionado funcionario.
Esto se debe también a los elementos de prueba reunidos merced a las declaraciones tanto del secretario tesorero, Flavio Maigua, como de la detenida Gladis Beatriz Villarubia.
En este sentido Villarubia amplió su declaración como imputada ante la Fiscalía de Investigación N° 9, que solicitó al juez Jorge Samman que inicie la investigación. La Fiscalía también pidió al magistrado, un “pronto despacho” del pedido de desafuero de René Tolaba.
Paralelamente con el expediente del caso se iniciaron otras investigaciones debido a que 41 empleados de Valle Grande denunciaron que en el pasado mes de septiembre no les habrían liquidado sus haberes como correspondía.
En este expediente la Oficina Anticorrupción presentó documentación al respecto ya que una comisión se constituyó en esta localidad y colectó denuncias que también serán adjuntadas.
Cabe señalar que Villarubia en su ampliación de declaración presentó cinco carpetas con documentación que tenía en su poder, sobre liquidaciones de haberes de los empleados de Valle Grande.
Fuentes de la Fiscalía actuante habrían indicado que esas carpetas no fueron encontradas durante los allanamientos realizados oportunamente.
De la información de esa carpeta y las declaraciones de Villarubia, surgiría en primera instancia elementos que sostienen la presunta responsabilidad del presidente del Concejo Comunal, René Tolaba.
Villarubia habría manifestado en su declaración que realizaba “trámites de gestora”, que ella presentaba la documentación que le proporcionaban desde la comuna, pero que no habría tenido ninguna intervención en la liquidación de haberes, “eso lo hacía el comisionado (Tolaba) y el tesorero (Maigua)”.
Por lo expuesto es que desde la Fiscalía actuante se pidió la investigación jurisdiccional y el desafuero.
El expediente fue caratulado como supuesta “malversación de caudales públicos y falsedad ideológica de instrumentos públicos”.
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