El fallo se conoció a 20 días de la implementación del Código Procesal Penal Federal en nuestra provincia y en Salta, en tanto que el trámite de la investigación, a cargo del fiscal Federico Zurueta, requirió apenas diez días desde que se produjo el hecho.

El caso que se resolvió ocurrió el 19 de junio a las 23.30 cuando el imputado fue detenido a bordo de un auto en un control de Gendarmería Nacional y se descubrió que llevaba un bulto debajo del asiento del acompañante que contenía 81 cápsulas que totalizaban poco más de un kilo de cocaína.

El acta y los resultados de las pruebas de campo, la pericia química y otros elementos de prueba fueron incorporadas al legajo de investigación fiscal.

Luego, se realizó la audiencia prevista para el procedimiento de flagrancia, en la que la Unidad Fiscal acusó al hombre, de 28 años y electromecánico de profesión, como responsable del delito de transporte de estupefacientes.

Según informó la página Fiscales, las partes acordaron una pena de cuatro años de prisión efectiva, costas y el decomiso del dinero que el acusado llevaba consigo. Esto se hizo en base al artículo 323 del Código Procesal Penal Federal, que establece que para ello es necesario “que el imputado acepte de forma expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos, los antecedentes probatorios en que se funda la acusación, la tipificación legal de los hechos y la pena requerida por el fiscal”.

El acuerdo fue convalidado por el juez Esteban Eduardo Hansen, que dictó la sentencia.

El Ministerio de Justicia de la Nación recordó en un comunicado de prensa que con la entrada en vigencia del nuevo Código, cualquier hecho delictivo o proceso iniciado en Salta o en Jujuy que involucre delitos federales como narcotráfico, contrabando, trata de personas o lavado de dinero, será investigado y llevado a juicio bajo el sistema procesal federal.

De esta forma, se comienza a usar el sistema acusatorio donde se dividen los roles: el fiscal pasa a dirigir la investigación y el juez es quien controla las garantías del proceso.

“Esta división de tareas aporta transparencia, asegura la imparcialidad del juez y la objetividad de los fiscales en la investigación”, indicó la cartera de Justicia, que envió equipos técnicos que brindan asistencia y asesoramiento en San Salvador de Jujuy, Salta, Tartagal y Orán.

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