Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, defensores de Mirta Guerrero, solicitaron la nulidad del proceso que fue impulsado por Liliana Fernández de Montiel. El planteo central gira en torno a la ilegalidad de la actuación de la funcionaria que tras haber sido designada por el Superior Tribunal de Justicia para actuar durante la primer semana de la feria judicial, según lo establece la ley, debería haber iniciado su licencia.
Las dirigentes se presentaron de manera voluntaria y espontánea en el juzgado de Control en lo Penal a cargo del juez Isidoro Cruz. La Fiscalía de Instrucción penal, Liliana Fernández de Montiel, las imputó por violación de domicilio y amenazas. Tras 14 días de haber estado detenidas en la Comisaría de la Mujer, ambas mujeres fueron liberadas, aunque luego, en el marco de otra causa, Mirta Guerrero fue nuevamente detenida.
Según explicaron los abogados, el día de los presuntos hechos denunciados, Jaldín y Guerrero estaban en el interior de la fábrica junto a los cooperativistas limpiando el lugar y organizando el trabajo ya que la fábrica había permanecido cerrada producto del acampe que se inició en la Plaza Belgrano el 14 de diciembre.
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