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SUSCRIBITELa Cámara Federal decidió rechazar una solicitud de Alberto Fernández. El ex Presidente tenía intenciones de que el expediente pase a San Isidro.
La defensa sostuvo que el caso debía tramitarse en los tribunales de San Isidro.
El proceso judicial de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández continuará por el momento en los tribunales de Comodoro Py. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el juez de la Cámara Federal, Eduardo Farah, desestimó el lunes la solicitud del ex presidente para trasladar el caso a los tribunales federales de San Isidro.
Dicha decisión la tomo al considerar que las acusaciones de la ex primera dama estaban relacionadas con incidentes ocurridos en la residencia de Olivos durante su mandato.
Sin embargo, la decisión dejó abierta la posibilidad de esclarecer, tras la implementación de nuevas medidas, si efectivamente el caso debe ser juzgado por el fuero federal.
“La discusión entre las partes (fiscalía de primera instancia, querella y defensa) gira en torno a aspectos de la cuestión de competencia que no agotan todas las circunstancias que se deben considerar para su correcta definición. Creo que el Juez de primera instancia decidió bien al rechazar por prematura esa definición, difiriendo el análisis al resultado de las medidas investigativas en curso”, aseguró en su resolución.
De acuerdo con el fallo al que accedieron colegas de Infobae, el juez Farah argumentó su decisión en dos razones. “El primero tiene que ver con precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos (instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos) que es necesario averiguar", señaló.
En esa línea, prosiguió: "Ellas permitirán establecer la dependencia o independencia (tanto fáctica como jurídica) de unos hechos con otros y, a partir de allí, si corresponde proseguir con una investigación unificada o no, y según el caso, en qué jurisdicción territorial”.
El segundo de los motivos, agregó, se fijó con el fin de esclarecer si, efectivamente, este es una causa para tramitarse en la justicia federal, “una cuestión sobre la cual las partes hasta ahora nada han dicho, pero cuyo tratamiento no puede ser omitido por el Juez una vez que se completen esas medidas”. Destacó así a esclarecer “las razones que sustentarían en el caso la competencia federal por razón de la materia, pues ésta es restrictiva y de excepción, para los supuestos que expresamente prevén los arts. 116 de la Constitución Nacional y 33 del Código Procesal Penal de la Nación”.
“Debe poder explicarse -en tal caso- la naturaleza federal de los hechos de la causa. En estos supuestos rige la regla que impone sostener la intervención del magistrado que previene a efectos de que, mediante las diligencias que correspondan, esclarezca los aspectos fácticos y normativos que sean necesarios para determinar correctamente la competencia, tanto en su aspecto material como territorial o por conexión entre todos los sucesos denunciados”, expresó.
El expediente comenzó a principios de agosto cuando Fabiola Yañez presentó una denuncia contra el ex presidente de la Nación ante el juez federal Julián Ercolini, después de una primera resolución de no avanzar con el caso. El tribunal había sido informado sobre posibles lesiones tras examinar las conversaciones entre la ex primera dama y la secretaria del presidente, María Cantero, quien está siendo investigada en un caso de corrupción.
Cuando el asunto se hizo conocido públicamente, Yañez optó por denunciar al ex presidente. Se refirió a hechos de violencia física, de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. En ese contexto, el juez Ercolini decidió varias medidas urgentes, como la prohibición al ex presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.
El caso está en proceso bajo la supervisión del fiscal Ramiro González. Ya han testificado Cantero, el ex alcalde de la quinta de Olivos, la periodista Alicia Barrios, y para este jueves está programada la declaración de Federico Saavedra, antiguo jefe de la Unidad Médico Presidencial, junto con la esteticista Florencia Aguirre, quien presentó la demanda. A continuación, se escuchará a la madre de Fabiola y a Sofía Pacchi, quien era amiga de la ex primera dama. La Fiscalía está actualmente preparando una nueva serie de pruebas.
Fabiola Yañez brindó un testimonio de cuatro horas a través de Zoom, y el fiscal formuló cargos contra el expresidente por nueve delitos.
Ella detalló los cargos de lesiones graves, agravadas tanto por el vínculo como por el contexto de género, y amenazas coercitivas dirigidas contra su expareja y ex primera dama. Según su relato, Yañez experimentó una relación marcada por hostigamiento, abuso psicológico y agresiones físicas, en un ambiente de violencia de género y familiar, sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.
En su acusación, Fabiola Yañez mencionó episodios de violencia que habían tenido lugar en el departamento que compartía con Fernández en Puerto Madero, antes de que él asumiera la presidencia. La defensa argumentó que el asunto debería tratarse en los tribunales de San Isidro. Tanto la fiscalía como la parte querellante rechazaron esta solicitud. El juez Ercolini aprobó esta postura. Sin embargo, la abogada Silvina Irene Carreira impugnó esta resolución.
“Debo hacer la aclaración que entre el tiempo transcurrido desde la interposición de la presente incidencia hasta la resolución de la misma ha ocurrido un devenir de la causa que sorprendió a esta parte y que hacen que no pueda dejar de asumir que esta investigación tiene ribetes en los cuales no interesan los derechos de mi representado. Se ha hecho una maniobra por la cual el Sr. Juez se quedó con la pesquisa a pesar de tener un conocimiento inicial de que los supuestos hechos habrían ocurrido en San Isidro”, afirmó la defensora.
Esa propuesta fue examinada por el juez Farah, quien aprobó que el caso continúe en los tribunales federales de Comodoro Py mientras se esperan nuevas acciones. No obstante, condicionó esta decisión a posibles desarrollos futuros, sugiriendo incluso si el caso debería considerarse como un asunto de violencia doméstica ordinaria, sin tener en cuenta el estatus del ex presidente.
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