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SUSCRIBITEEsta tarde la Legislatura de Jujuy tuvo una nueva sesión ordinaria, donde trataron distintas leyes provinciales.
El RIGI se tratará este jueves en la Legislatura (Archivo)
La Legislatura de Jujuy tuvo esta tarde su sexta sesión ordinaria del 2023, donde los diputados provinciales aprobaron el Régimen Penal Juvenil; la actualización de los Códigos de Procedimientos Civil y Comercial, de Trabajo, de Familia, la Ley Procesal Constitucional; y algunos ajustes en la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras.
Según explicó la diputada oficialista Gisel Bravo, el Régimen Penal Juvenil hará que el proceso penal esté de acuerdo con las normas constitucionales, tratados internacionales y respete la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Además, destacó que busca llevar adelante medidas socioeducativas que tienden a prácticas restaurativas y de reinserción social, evitar la criminalización de las infancias y, sólo en situaciones extremas o excepcionales, la privación de la libertad.
Otro de los tremas tratados fue la Ley Orgánica de la Auditoría General de la Provincia, que cambia el sistema de control de la hacienda pública. “Este organismo reemplazará al Tribunal de Cuentas y busca mejorar la calidad de control externo que se hace de la rendición de cuentas de toda la administración pública”, explicó el diputado Guido Luna.
Una de las leyes aprobadas fue la de Fundamentos que respaldan la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación. “Esta adecúa la normativa a los nuevos paradigmas que consagran la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera del MPA”, explicó el diputado Adriano Morone.
“Regula lo que tiene que ver con la organización, funcionamiento, las funciones que debe cumplir y los principios de actuación que deben guiar el trabajo del MPA”, agregó.
La Ley N° 6365, Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia (MPD) responde a la necesidad de garantizar acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, afirmó la diputada Gabriela Burgos. Cabe recordar que el MPD tiene como función la defensa y protección de derechos humanos, garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la ley.
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