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SUSCRIBITE Alrededor de las 14.30, el Senado empezó la sesión en la que se debatió el proyecto de ley de la oposición que apunta a frenar el aumento de las tarifas de los servicios públicos. La iniciativa se aprobó cerca de las 3.30 con 37 votos a favor y 30 en contra y el presidente Mauricio Macri vetaría la norma hoy mismo.
La ley retrotrae las tarifas de los servicios a noviembre de 2017 y establece que los aumentos no puedan superar el índice de variación salarial para los usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes. Por su parte, la iniciativa que impulsó Cambiemos propone una rebaja del IVA a la mitad (10,5%) para usuarios residenciales y de 6 puntos porcentuales (21%) para pymes.
La iniciativa fue sancionada tras un debate agitado, que se extendió durante 12 horas. Si bien circuló durante la jornada la posibilidad de que el texto sufriera cambios y volviera a la Cámara de Diputados, la amenaza se disipó cuando se acordó votar el proyecto en general junto al articulado. Aunque senadores peronistas del interior del país cuestionaron que la ley sólo sea aplicable en el AMBA, donde prestan servicio Edenor y Edesur.
El oficialismo advirtió que el costo fiscal ronda los 75 mil millones de pesos. “Nadie dice de dónde van a salir esos fondos”, advirtió Esteban Bullrich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y agregó: “Entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna hay más o menos 50 mil millones de pesos” de diferencia.
En su dictamen de minoría, Cambiemos proponía reducir el IVA a la mitad para usuarios residenciales (10,5%) y en seis puntos para las pymes (21%), con un costo que orilla los 26 mil millones de pesos, compartido entre Nación y provincias. La propuesta había surgido de los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Pero la oposición la consideró insuficiente, y las presiones de Casa Rosada no surtieron efecto.
La flamante ley reunió los votos del interbloque Argentina Federal, con Carlos Menem incluido; el Frente para la Victoria-PJ, referenciado en la expresidenta Cristina Kirchner; la puntana Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; la rionegrina Magdalena Odarda; el neuquino Guillermo Pereyra y dos de los tres senadores por Santiago del Estero -Ada Itúrrez y Gerardo Montenegro-.
El de Pereyra fue un caso particular. El senador -que preside la Comisión de Energía y Minería y también el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- había visitado este martes Casa Rosada junto a sus colegas del interbloque Parlamentario Federal, y se presumía votaría en contra. Finalmente lo hizo a favor, aunque reconoció que el texto “tiene un montón de imperfecciones”.
En el seno del bloque Justicialista se consumó la “minirrebelión” del salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, que tal como había anunciado votó en contra del proyecto del peronismo, sin emitir palabra en el recinto. Su primo, el senador por Catamarca Dalmacio Mera, se pronunció a favor: “Están dadas las condiciones para declarar la emergencia”, puntualizó.
De este modo, al rechazo de Cambiemos se sumaron Urtubey y sus comprovincianos Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, además de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y el santafesino Carlos Reutemann. Crexell reveló en plena sesión que negoció su voto en contra ante el propio Macri a cambio de un compromiso del Gobierno para prorrogar la ley de emergencia frutícola, que vence este año.
Otra perlita de la jornada fue la de Adolfo Rodríguez Saá, que en pleno debate regresó a San Luis. En el entorno del legislador omitieron detalles de su intempestiva partida. La compañera de bloque del exgobernador, Eugenia Catalfamo, había defendido en su discurso la necesidad de la ley. Por el contrario, el senador restante por esa provincia, Claudio Poggi, tildó de “injusto” el proyecto por mantener a Edenor y Edesur bajo la jurisdicción nacional.
Además de Rodríguez Saá, se ausentaron la santiagueña Blanca porcel de Ricobelli -antepuso “problemas de salud”-, los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana, y la sanjuanina Cristina López Valverde (Justicialista).
Además del tema tarifas, el Senado le dio media sanción, en el marco del Día Nacional de la Donación de órganos, a un proyecto de ley para establecer que todos los ciudadanos mayores de edad sean donantes a menos que manifiesten su voluntad de no serlo.
La llamada "Ley Justina", en homenaje a la niña de 12 años que falleció el año pasado por no recibir un trasplante de corazón a tiempo, será votada en la sesión de esta tarde y si resulta aprobada pasará a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto, impulsado por los padres de Justina Lo Cane y presentado por el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino, modifica la actual ley 24.193 de trasplante de órganos, de manera que toda persona mayor de 18 años será considerada como donante.
Para no ser donante, habrá que manifestar voluntad en contrario, lo que implica que tampoco serán los familiares de alguien fallecido los encargados de autorizar la donación.
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