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SUSCRIBITEBuscan sesionar con quórum para tratar proyectos sobre jubilaciones, moratoria, emergencia en discapacidad, fondos a provincias, Bahía Blanca y la causa YPF.
Sesión clave en el Senado.
En un contexto marcado por la incertidumbre y la creciente tensión política, un grupo conformado por sectores opositores duros —principalmente el kirchnerismo— y otros bloques más “dialoguistas” decidió autoconvocarse hoy a las 14 para sesionar en el Senado sin un orden del día definido.
Entre las iniciativas que este espacio busca impulsar se destacan proyectos para mejorar las jubilaciones fuertemente deterioradas, reactivar la moratoria previsional y declarar la emergencia en materia de discapacidad.
La posible sesión de este jueves contempla en su agenda dos propuestas orientadas a proporcionar fondos a los gobernadores, así como un intercambio sobre la causa YPF. En relación con este último tema, en las últimas horas surgieron planteos de algunos parlamentarios que sugieren organizar, en el futuro, una sesión especial de carácter “reservado” en el recinto, con la participación de varios invitados, dada la alta sensibilidad que reviste para los intereses del Estado argentino.
¿Por qué se habla de una cita “a ciegas”? Si bien el conjunto de temas a tratar parece bastante definido, la falta de consensos entre la oposición y el oficialismo sobre el orden de los puntos y la cantidad total de asuntos a debatir este jueves ha generado incertidumbre. Incluso, hasta el momento, no existe una convocatoria oficial para realizar la sesión.
Esta situación se originó a raíz de la decisión tardía del espacio libertario de convocar un plenario de comisiones para tratar los proyectos relacionados con jubilaciones, moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Mientras tanto, el kirchnerismo, junto a un reducido grupo de bloques dialoguistas, avanzó de todos modos con la elaboración de borradores de dictámenes. Sin embargo, estos documentos no obtuvieron la validación de las autoridades del Senado, dado que las reuniones pertinentes nunca se realizaron de forma conjunta, sino de manera separada.
Aunque el esfuerzo de sus impulsores fue notable, las acciones llevadas adelante fueron calificadas —con argumentos sólidos— como contrarias al reglamento interno. Cabe subrayar que la pasividad de la Casa Rosada resultó un factor clave para que la situación en la Cámara alta escalara hasta un punto de máxima tensión.
De este modo, la sesión prevista para las 14 horas sería producto de una autoconvocatoria de un sector opositor que asegura contar con entre 40 y 50 legisladores dispuestos a ocupar sus bancas para dar inicio al debate. Para alcanzar el quórum, bastaría con que 37 senadores se sienten en sus escaños. Según los números formales, el kirchnerismo tiene asegurados 34.
Si efectivamente se lograra abrir la sesión, el paso siguiente consistiría en reunir una mayoría simple que permita aprobar un plan de labor parlamentaria y así establecer tanto los temas a discutir como el orden del tratamiento.
En principio, esto no debería representar un obstáculo, siempre y cuando no surjan desacuerdos internos entre quienes están ansiosos por asestarle duros golpes a un Poder Ejecutivo que, hasta ahora, se mantuvo inmóvil incluso ante las primeras embestidas. Además, será clave observar qué decisiones adopta la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en función de lo que le permite el reglamento de la Cámara.
El siguiente escenario plantearía que, al llegar el momento de debatir los tres proyectos cuya validez reglamentaria está en entredicho, el cuerpo legislativo en pleno deba pronunciarse sobre su legitimidad, considerando los acontecimientos de la semana anterior. En este punto, cabe recordar que el recinto posee plena soberanía para decidir al respecto, sin que exista margen para cuestionamientos sobre esa facultad.
Sin embargo, la resolución que se adopte podría sentar un precedente altamente negativo o, en el peor de los casos, desencadenar una judicialización del encuentro previsto para este jueves.
“Hay 80 opciones que podría mencionarte como posibles. La menos lejana es que la sesión no se haga, cosa que veo difícil. Pero todos sabemos que hay cuestiones de la ley jubilatoria que podrían modificarse y, si no están los votos para sancionar el proyecto así como está, volvería en segunda revisión a Diputados. Ni te digo la moratoria previsional. También hay varias dudas sobre la emergencia en discapacidad. Es una locura ir sin un plan al recinto. Pasamos de no hacer casi nada a una mega sesión con iniciativas que muchos concuerdan en que tienen que analizarse seriamente en comisiones. Todo desprolijo y mal”, sentenció anoche un reconocido senador dialoguista.
En cuanto a los demás proyectos, al no contar con despacho de comisión, será necesario reunir una mayoría de dos tercios para poder habilitarlos y tratarlos sobre tablas. Entre esos temas figuran las demandas de los gobernadores y el caso de YPF.
Como último recurso, el oficialismo y un sector de la oposición dialoguista prevén llevar a cabo una reunión informal durante la mañana, entre las 10 y las 11, en un intento por alcanzar un acuerdo inesperado. En esta instancia se dirime nada menos que el control político del Senado, mientras los mercados financieros observan con extrema atención cada movimiento en el recinto.
La normativa previsional que logró respaldo de varios bloques opositores en la Cámara de Diputados —aunque algunos legisladores del macrismo optaron por la abstención— establece un incremento efectivo del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, excluyendo a los regímenes especiales. Además, contempla una suba en el bono mensual, que pasaría de los actuales $70.000 a $110.000, con un mecanismo de actualización automática basado en la inflación. La crítica central que se plantea sobre esta medida radica en que dicha actualización se convertiría en un derecho permanente.
Por otro lado, con un respaldo menor en términos de votos, también obtuvo media sanción en Diputados la extensión, por un período de dos años, de la moratoria previsional. Este sistema permite a quienes no alcanzan los 30 años de aportes requeridos adquirir los períodos faltantes y así acceder al haber mínimo.
Por su parte, la declaración de emergencia en materia de discapacidad se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, más allá de la finalización del actual mandato del Gobierno libertario. Esta medida contempla la reestructuración de las pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles y la implementación de nuevas compensaciones económicas, entre otros ajustes relevantes.
A su vez, uno de los proyectos impulsados por los gobernadores busca modificar la ley 11.672 —la normativa permanente de Presupuesto— incorporando un artículo que establece que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” deberán transferirse de manera “diaria y automática”. Además, todo lo relacionado con estos fondos será considerado, a todos los efectos, como parte integrante de la “masa de fondos coparticipables”.
El segundo proyecto plantea la eliminación de diversos fideicomisos, entre ellos los destinados a Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte y el Sistema Vial Integrado. También suprime varios fondos específicos como el Compensador del Transporte, el Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se especifica que los recursos involucrados —a excepción de los provenientes del impuesto a los Combustibles Líquidos— “serán distribuidos de conformidad” en los artículos de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
A continuación, se propone la modificación de un apartado de la Ley 23.966, que regula el impuesto a los combustibles, para establecer un nuevo esquema de distribución: el 14,29% de la recaudación se destinaría al Tesoro Nacional, el 57,02% a las provincias y el 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, orientado a cubrir obligaciones previsionales a nivel nacional. Posteriormente, se detallan los criterios de reparto específicos para los fondos que corresponden a cada jurisdicción.
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