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SUSCRIBITEUno de los desaparecidos del caso Matías Jurado era adicto al alcohol. Su madre contó que la ley impidió internarlo sin su voluntad.
Ley de salud mental contra las adicciones
¿A quién protege la ley de salud mental?
A las personas con padecimiento mental. También se encuentran incluidas en esta ley las personas con usos problemáticos de drogas
En las últimas horas, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que en el marco de la investigación contra Matías Jurado —acusado de ser un presunto asesino serial en Jujuy— se detectaron restos de ADN pertenecientes a dos personas. Una de ellas fue identificada como Sergio Sosa, joven de 25 años reportado como desaparecido.
La noticia reavivó el dolor de la familia, en especial de su madre, quien en diálogo con TodoJujuy.com recordó la lucha contra las adicciones que atravesó su hijo. “Era adicto al alcohol. Siempre quise ayudarlo, me recorrí varias instituciones, pero me dijeron que por más que yo quiera, él no iba a poder ser ayudado porque no tenía fuerza de voluntad”, relató con pesar.
La mujer recalcó que su hijo no estaba en situación de calle, tenía una familia y un hogar, pero enfrentaba un problema que afectó profundamente a todos: “Le gustaba el alcohol, pero yo lo quería ayudar”, expresó.
El caso reavivó el debate sobre si una persona con una adicción puede ser internada en contra de su voluntad. La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, vigente y sin modificaciones a pesar de intentos de reforma, establece que la internación involuntaria solo puede realizarse cuando existe riesgo cierto e inminente para la persona o terceros y no haya otra alternativa más eficaz para su tratamiento.
En estos casos, el equipo de salud debe notificar al juez y al órgano de revisión dentro de las 10 horas posteriores. Una vez superada la crisis, la internación pasa a ser voluntaria, y la persona debe contar con representación legal durante todo el proceso.
En este apartado la ley es contundente, según lo expresa la página del Ministerio de Justicia:
Sólo puede indicarse la internación cuando aporte mayores beneficios terapéuticos. La internación debe ser lo más breve posible.
En hospitales generales.
No.
La internación contra la voluntad de la persona sólo puede hacerse cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto y cercano para ella o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona.
La internación debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al órgano de revisión.
Sí. Tiene derecho a elegir un abogado. Si no lo hace, el Estado debe darle uno.
Sí. El juez debe pedir informes cada treinta días como máximo.
Sí. Sólo puede limitarse la salida de la persona si existe una situación de riesgo cierto y cercano.
El licenciado en Psicología Andrés Jaramillo (MP214) explicó que, en el caso de adicciones, las internaciones involuntarias se aplican principalmente en etapas agudas o de intoxicación grave. “Luego, se busca que la persona continúe en un proceso de tratamiento voluntario, en centros de rehabilitación u hospitales especializados”, detalló.
Jaramillo señaló que el principal problema no radica en la ley, sino en los protocolos y en la capacitación profesional para abordar el consumo problemático. “Muchas veces, las personas no están en una situación aguda, pero igual requieren un tratamiento prolongado con seguimiento y acompañamiento riguroso para lograr la recuperación”, apuntó.
Para las familias, como la de Sergio Sosa, el camino suele ser complejo, la ley protege la autonomía del paciente, pero las adicciones muchas veces generan barreras que dificultan que la persona acepte la ayuda. “El problema es que no siempre hay recursos ni dispositivos suficientes para garantizar un tratamiento efectivo”, concluyó el especialista.
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