El destinatario de ese monto es un fondo buitre. Se trata de holdouts del default de 2001 que no han ingresado en ninguno de los tres canjes ofrecidos.
La magistrada les dio la razón a los reclamantes, los fondos Bybrook Capital Master y Bybrook Capital Hazelton.
A la espera de decisiones sobre el juicio relacionado con la expropiación de YPF, la magistrada de Nueva York Loretta Preska dictó un fallo desfavorable para Argentina en una demanda presentada por fondos buitres, que aún no han recibido el pago de los bonos que entraron en default en 2001.
La jueza falló a favor de los demandantes, los fondos Bybrook Capital Master y Bybrook Capital Hazelton, quienes ahora son acreedores de 142 millones de dólares, según el fallo de primera instancia. Sin embargo, es probable que Argentina no presente apelación, ya que las posibilidades de éxito son escasas debido al incumplimiento de pagos por parte del país en 2001.
Este incumplimiento llevó a tres reestructuraciones de la deuda —en 2005, 2010 y 2016— a las que más del 90% de los fondos accedieron.
No obstante, siempre hay ciertos demandantes que no aceptan los acuerdos ofrecidos por el país y siguen adelante con el proceso judicial. Según una fuente familiarizada con los procedimientos en los tribunales internacionales, esos fondos suelen preferir sentencias que se prolonguen en el tiempo. En cambio, para la nación, el fallo de la jueza representa una noticia positiva.
¿Por qué? Porque al momento de efectuar el pago, Argentina tiene que cubrir tanto el capital como los intereses del bono. Sin embargo, los intereses se ajustan con una tasa anual del 9% hasta que se emita un veredicto. Tras la sentencia, como ha ocurrido en este caso, la tasa de interés se convierte en la de los bonos del Tesoro de EE.UU. a dos años, que actualmente ronda el 4%.
Sin la posibilidad de apelar a la vista, los demandantes tienen varias opciones. Una de ellas es identificar activos de Argentina en Estados Unidos que puedan ser embargados para asegurar el cobro de la sentencia. Este es el enfoque más probable y lo están adoptando los fondos que han demandado al país por la expropiación de YPF, aunque hasta ahora no han tenido éxito.
Otra opción sería esperar a que Argentina proponga algún tipo de acuerdo, dado que la suma es menor en relación con el total que entró en default y resolverla permitiría cerrar un litigio. No obstante, incluso si el Gobierno optara por esta ruta, necesitaría la aprobación del Congreso. Sería una situación delicada para las autoridades tener que reconocer que buscan resolver una demanda mientras enfrentan un significativo ajuste interno.
La jueza Preska también ordenó a Argentina que abone 16.100 millones de dólares por el trato desigual hacia los accionistas minoritarios de YPF durante la expropiación. Los beneficiarios de la sentencia intentaron implementar embargos, pero no tuvieron éxito.
En este momento, su enfoque se dirige a demostrar que otras instituciones, como el Banco Nación, el Banco Central o Arsat, actúan como “alter egos” de Argentina, con el objetivo de embargar sus activos. Por el momento, la jueza determinó que YPF y el Estado nacional se consideran como “uno solo” y ha solicitado que se entregue la documentación necesaria para verificar esta afirmación.
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