El Senado de Brasil aprobó, con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto del Gobierno que determinó una intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, que pasa a manos del Ejército hasta finales de 2018.

Con la aprobación en pleno del Congreso Nacional, ya que la Cámara baja también lo había hecho la víspera por amplia mayoría (340 votos a favor y 72 en contra), la disposición decretada el viernes pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, queda oficializada y desde ya cuenta con aval completo para regir.

La intervención cede a los militares el control para acabar con la ola de violencia que desangra a ese estado desde hace meses y que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por las llamadas "balas perdidas".

Tras el primer megaoperativo militar, que comenzó el lunes, los episodios de violencia se repitieron este martes en Río: fue asesinado un sargento del Ejército víctima de un intento de asalto, y en otra acción conjunta, fueron detenidos al menos once presuntos delincuentes en una favela de la zona norte.

El senador Eduardo Lopes, del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB) y que fue relator del decreto de intervención, defendió la medida y reconoció que la intervención es un acto excepcional que "no puede ser banalizado".

Según él, la aprobación del decreto permitirá que se garanticen derechos constitucionales como vida, libertad, seguridad y propiedad.

"Sabemos que esta no es (una problemática) exclusiva de Río de Janeiro. Hay altos índices de violencia en otros estados, pero sin duda la situación de Río repercute mucho más, tanto en el país como internacionalmente", enfatizó.

El relator también defendió un reajuste de recursos para que el proyecto de intervención federal tenga eficacia.

"Si existe un estado de excepción, entonces tenemos que dar todo el empeño y sacrificio necesario para realizar este trabajo", dijo el parlamentario al referirse a la necesidad de ajustar el presupuesto y otorgar más recursos para la medida.

Inseguridad en Brasil

La solicitud del relator se unió a la de la diputada Laura Carneiro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y relatora del proyecto en la Cámara de Diputados, quien pidió que el Gobierno central transfiera recursos para que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos.

Esta petición fue compartida por los senadores Magno Malta, del Partido de la República (PR), y Lasier Martins, del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), quienes se mostraron a favor del proyecto pero dejaron ver su preocupación por los recursos limitados para sostener la intervención.

La votación en el Senado comenzó tres horas después de lo programado y aunque fue ágil, estuvo marcada por el rechazo de la oposición a la medida.

La presidente del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffmann, dijo que la intervención no fue planificada ya que "no es papel de las Fuerzas Armadas ejercer funciones de policía".

Por su parte, el también senador del PT Humberto Costa reconoció la gravedad del problema de seguridad pública, no solo en Río de Janeiro sino también en otros estados y culpó de esto al presidente Temer, por su falta de acción en esta materia.

"El gobierno debió utilizar el factor sorpresa para enfrentar a los bandidos", dijo Costa, para quien la propuesta debería contemplar a todos los estados y no ser "apenas una acción de marketing".

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El senador Lindbergh Farias, también del (PT), criticó los mandatos colectivos de búsqueda y aprehensión que supuestamente serán utilizados durante la vigencia del decreto en Río, que para algunos juristas son inconstitucionales.

Sobre el tema, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Torquato Jardim, afirmó que los mandatos no serán colectivos sino que traerán nombres y direcciones de los blancos, conforme lo prevé la Constitución.

No obstante, explicó, que esas solicitudes deberán contener varios nombres y múltiples direcciones, debido a la singularidad de las zonas de conflicto, lo que no deja muy clara la diferencia entre estos mandatos y los colectivos.

Desde el mismo momento en que fue decretada la medida, esta fue cuestionada por organizaciones humanitarias y analistas que evidenciaron su preocupación por una intervención federal que dará poder al Ejército sobre la seguridad del estado de Río de Janeiro.

La decisión de Temer "va en la dirección equivocada porque parece indicar una estrategia militarizada frente a los gravísimos problemas de seguridad pública de Río", dijo César Muñoz, vocero de HRW Brasil.

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FUENTE: Infobae
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