Esta mañana el presidente, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el jurista español Baltasar Garzón Real. La reunión se dio dado que el letrado conformará un “tribunal ético de juzgamiento de lawfare”.

Fruto de la reunión trascendió que el jurista español analizará y dictará sentencia sobre procesos judiciales entre los que se encuentran los de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva y Julio De Vido. Sin embargo, no se difundió de qué temas hablaron.

En medio de la declaración indagatoria prestada por Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz, la expresidenta utilizó el término lawfare y puso bajo la lupa su significado. La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”. La expresión se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.

Garzón integrará un tribunal especialmente conformado para analizar y revisar los procesos que se siguen contra líderes de la región - entre ellos, el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa y la vicepresidenta -, aunque sus decisiones solo serán simbólicas. Garzón forma parte del equipo jurídico que defiende a Morales, que se encuentra en Argentina como refugiado y es requerido por el gobierno autodesignado de su país, acusado de sedición y terrorismo.

Baltasar Garzón Real es un jurista español, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional y actual asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos.

Cabe señalar el vínculo que estableció este magistrado particularmente con la República Argentina. Garzón "investigó los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles por parte de la dictadura militar que ejerció el gobierno de facto en la República Argentina entre los años 1976 y 1983, logrando la detención y posterior extradición a España del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, integrante de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), así como la detención de otros noventa y ocho militares argentinos, imputados de crímenes de lesa humanidad”.

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