Cuando Martín Guzmán ya tenía redactado hasta el comunicado de prensa anunciando la prórroga de la oferta oficial a los bonistas de Wall Street, Alberto Fernández dio la contraorden por celular, “Pará todo. No extendemos”, dijo el presidente desde la quinta de Olivos.

Si no hay extensión de la propuesta a los fondos de inversión, no hay posibilidades de un canje exitoso. Se necesita un acuerdo que oscila entre el 66 y el 85 por ciento de adhesión de los bonistas y el ministro de Economía hasta ayer sólo tenía una cifra cercana al 40 por ciento.

Al ordenar que no haya prórroga de la iniciativa oficial, Alberto Fernández clausuró la posibilidad de continuar las negociaciones. Y como ya no habrá negociaciones, es utópico avanzar desde el 40 por ciento de la adhesión que supuestamente ya se tiene asegurado, al 66 u 85 por ciento de aceptación legal que está prevista en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) establecidas en los bonos emitidos durante 2005 y 2016.

Entonces, si el Presidente no cambia de opinión en las próximas horas, la negociación habrá fracasado porque no se llegó a un acuerdo con los acreedores privados, que tienen la facultad de aguardar una nueva ronda de diálogo con Guzmán o marchar a tambor batiente rumbo a los tribunales de Manhattan para iniciar un juicio por default.

Alberto Fernández ya advirtió que no se movería de su iniciativa a los acreedores privados, “Hasta acá llegué. No hay un peso más”.

En este contexto, el Presidente sólo extenderá la oferta hasta el 28 de agosto, si los bonistas adelantan que aceptarán la última propuesta oficial. Puede ocurrir que en los próximos días, la International Capital Market Association (ICMA) respalde ciertas reformas jurídicas que imprimirán mayor certeza a la adhesión del canje, como plantearon los acreedores privados.

La estrategia del Gobierno, que diseña Alberto Fernández y ejecuta Guzmán, abre dos posibilidades. Los bonistas pueden hacer uso de sus derechos y presentar una demanda por default contra la Argentina, o aceptar un standstill que ya empezó a estudiar el equipo técnico del Palacio de Hacienda.

Un standstill sería un acuerdo formal entre la Argentina y los acreedores privados que establece la postergación de las negociaciones por un tiempo prudencial y evita así la posibilidad de iniciar acciones por default en los tribunales de New York. Es un pacto de caballeros: como no hubo deal, y a nadie le sirve litigar por años y años, se congelan las conversaciones y se reanudan por acuerdo de partes.

Desde la perspectiva de Olivos, y en caso de confirmar su decisión de suspender la extensión del plazo de la oferta y congelar las negociaciones directas con los bonistas, Guzmán pondría foco en abrir el diálogo formal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

“Ponemos a los acreedores en un standstill, y empezamos a negociar un crédito con el Fondo. Cuando llegamos a un acuerdo, volvemos a abrir la negociación con los acreedores privados”, propuso el ministro de Economía al Presidente.

Alberto Fernández estuvo de acuerdo. Considera una razón de Estado resolver la reestructuración de la deuda externa, pero se niega a pagar las cuentas aplicando un plan de ajuste recetado por el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cristina Fernández y Sergio Massa, sus principales aliados en el Frente de Todos, coinciden con esta mirada política.

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